El presidente del consejo de administración de la empresa y consejero de Gobernación, Jacob Hachuel firmó el pasado 14 de septiembre un escrito en el que comunicaba a Hita la apertura de un expediente. Le acusaba de haber filtrado un documento privado con el “que pretende desprestigiar y desacreditar ante la opinión pública a la dirección de esta sociedad municipal”.
En una comunicación a la que ha tenido se relata que el jefe de personal envió un correo al presidente del comité de empresa de la mercantil, Rafael Hita Pérez, en la que le comunicaba la creación de la comisión de valoración de una plaza eventual de supervisor de procedimientos y las funciones del puesto.
Según se refleja en el documento, Jacob Hachuel acusa al trabajador de haber aportado el correo electrónico recibido a Ceuta Actualidad, que lo “divulgó el 12 de septiembre de 2017 a las 12.20 horas”, argumentando que “este grave hecho de filtración de un documento privado pretende desprestigiar y desacreditar ante la opinión pública a la dirección de esta sociedad municipal”.
La misiva, firmada por el político el 14 de septiembre, sirve como comunicación para darle traslado del expediente, dándole, a su vez un plazo de diez días para que el trabajador presente escrito de descargos “y proponiendo las diligencias de prueba que estime mejor puedan convenir a su defensa”.
Posteriormente, el 21 del mismo mes, Comisiones Obreras condicionó la celebración de una reunión con el presidente del consejo de administración de Amgevicesa a la retirada inmediata del expediente abierto al presidente del comité de empresa. La sección sindical presentó un escrito al efecto y cuando se produjo la reunión, los responsables de la empresa comunicaron que el expediente quedaba sin efecto
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO), Emilio Postigo, anunciaron los servicios jurídicos del sindicato se planteaban la posibilidad de querellarse contra Hachuel por un presunto delito de coacciones y vulneración de la Ley de Libertad Sindical.
Desde la central sindical siempre se manifestó que los hechos imputados eran rotundamente falsos, y agregaron que incluso aunque así hubiera sucedido, resulta desde todo punto de vista inadmisible una actuación impropia de un país democrático, cuya única finalidad es amedrentar a los delegados sindicales para evitar que sigan denunciando las tropelías que se cometen en esa empresa municipal diariamente.
