A pesar de los avances en las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras en los últimos meses, la situación y el futuro de las mutuas de funcionarios siguen siendo delicados, ya que las aseguradoras no están garantizando los niveles de calidad ni la viabilidad del modelo.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha informado que las negociaciones entre aseguradoras y proveedores sanitarios (como asociaciones médicas y grupos hospitalarios) se encuentran en una situación muy delicada, con una conclusión prevista para el próximo 23 de abril.
Aunque el Gobierno ha aprobado un incremento del 41,2 % en la prima para hacer más atractivo el contrato, dicho aumento no se ha trasladado a las tarifas que perciben médicos y hospitales. Esta situación ya ha provocado la retirada del grupo HM Hospitales de los convenios con Mugeju e Isfas en Cataluña (mutuas de Justicia y Defensa), así como una reducción generalizada de la oferta médica, lo cual, según CSIF, representa un síntoma preocupante que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Asimismo, se ha conocido la retirada del grupo hospitalario Quirón Salud del convenio con Isfas por parte de la aseguradora Adeslas. Estas salidas, sumadas a la retirada previa de DKV del último concierto con las mutuas, representan un grave precedente. Desde CSIF advierten que otros hospitales podrían tomar decisiones similares si la situación no cambia. Además, las aseguradoras Sanitas y Mapfre tampoco accedieron a participar en el convenio con Mugeju por no llegar a un acuerdo con las condiciones ofrecidas.
Ante esta situación, el sindicato considera que la Administración debe intervenir para garantizar la calidad de la oferta sanitaria. Los mutualistas, afirman, deben tener derecho a la misma cartera de servicios que ofrece el Sistema Nacional de Salud. La retirada de hospitales —algunos de ellos referentes en el tratamiento de enfermedades oncológicas— pone en duda esa calidad y podría convertir a los mutualistas en pacientes de segunda categoría. Por ello, CSIF ha solicitado al Consejo General de Muface que supervise de forma activa esta situación.
El sindicato también ha advertido que el modelo de mutualismo administrativo ha sido sostenido con esfuerzo por todas las partes implicadas, y no consideran aceptable que ahora no se traslade una financiación adecuada a médicos y hospitales debido, según denuncian, a la actitud cicatera de las aseguradoras. En este sentido, CSIF ha anunciado que intensificará su labor de interlocución hasta el día 23, fecha en la que se cerrarán los acuerdos de previsión sanitaria para Muface.
Muface firmará el concierto sanitario para los próximos tres años, previsiblemente después de Semana Santa, con entrada en vigor en mayo. Según datos del último Consejo de la mutualidad, más de 45.000 personas abandonaron el concierto sanitario hasta el 31 de enero de 2025, casi el doble de quienes se pasaron al sistema de la Seguridad Social el año anterior.
No obstante, durante los meses de mayo y junio, los mutualistas que dejaron el sistema como consecuencia de la crisis derivada de la negociación del concierto tendrán la posibilidad de regresar. CSIF ha exigido al Gobierno que garantice a largo plazo la viabilidad del modelo de mutualismo administrativo, que ha funcionado eficazmente durante décadas, pero que —a juicio del sindicato— necesita recuperar la calidad perdida en la asistencia sanitaria debido a la falta de financiación en los últimos conciertos. Además, han mostrado su rechazo a que el informe de la AiREF publicado recientemente sea utilizado como pretexto para desmantelar este modelo.
