La AUGC ha denunciado públicamente la apertura de la nueva estación marítima de Ceuta en unas condiciones que considera “absolutamente indignas, inseguras y discriminatorias” para la Guardia Civil, cuerpo al que la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atribuye competencias exclusivas en el resguardo fiscal, el control de fronteras, la vigilancia de puertos y costas y la lucha contra el contrabando.
Desde la asociación recuerdan que el artículo 12 de dicha ley establece de forma expresa que corresponde a la Guardia Civil el resguardo fiscal del Estado y la custodia de puertos, fronteras y vías de comunicación, por lo que consideran “inaceptable” que la Administración haya inaugurado el recinto relegando a los agentes a espacios sin equipamiento, sin garantías de seguridad y sin condiciones mínimas de trabajo.
Según detalla la AUGC, algunas de las oficinas asignadas a la Guardia Civil en la estación marítima se encuentran completamente vacías, sin mobiliario ni material básico, e incluso sin que los agentes dispongan de las llaves para acceder a ellas. Una situación que contrasta, subrayan, con las instalaciones de otros cuerpos policiales, que sí cuentan con vestuarios, duchas y oficinas plenamente operativas desde el primer día.
Especialmente crítica es la situación en la zona del escáner de seguridad, descrita como un entorno “caótico e impropio de un servicio policial esencial”. No existe separación física entre los agentes y el público, ni siquiera mediante biombos, lo que ha obligado a los propios guardias civiles a improvisar barreras con cintas y mesas para evitar que los pasajeros se aproximen por la espalda, asumiendo riesgos evidentes para su integridad.
A ello se suma que las pantallas del escáner son visibles desde el salón de preembarque, permitiendo que cualquier viajero pueda observar el contenido del equipaje de otras personas, una circunstancia que la AUGC considera una vulneración flagrante del derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.
El cuarto de cacheos, compartido con la Policía Nacional, tampoco cumple los requisitos mínimos, ya que carece de mobiliario básico y se encuentra alejado del escáner, obligando a abandonar el puesto de control y aumentando el riesgo de fuga durante las inspecciones. Además, la falta de vinilos u opacidades en las puertas permite comprobar desde el exterior si hay agentes femeninas de servicio, comprometiendo la eficacia de los cacheos y la seguridad del operativo.
La denuncia se extiende también a la accesibilidad, ya que, aunque existen señales podotáctiles para personas con discapacidad visual, su itinerario ha sido invadido por mobiliario, bloqueando el paso y convirtiendo el desplazamiento en un peligro, en contra de las normas básicas de accesibilidad universal.
En cuanto a las condiciones básicas, la Guardia Civil no dispone de baños propios en la estación marítima, teniendo que desplazarse a la planta baja, donde los servicios solo permanecen abiertos por las mañanas y entre semana. En la zona de desembarque peatonal, la oficina compartida con Aduanas se encuentra llena de cajas y mobiliario embalado, lo que impide realizar correctamente las inspecciones fiscales.
La AUGC denuncia además una “vergonzosa” falta de personal y medios, que afecta no solo a la estación marítima, sino también a otros puntos sensibles como el Tarajal y el helipuerto. En el paso fronterizo, la Aduana sigue sin disponer de una impresora, y una de las garitas permanece cerrada por humedades, obligando a los agentes a prestar servicio sin resguardo frente al frío.
Desde la asociación insisten en que la presencia de la Guardia Civil en el puerto y en la frontera no responde a una decisión discrecional, sino al cumplimiento estricto de la ley. Por ello, consideran que la inauguración de estas instalaciones en tales condiciones evidencia un “desprecio institucional absoluto”, que expone a los agentes a riesgos innecesarios y vulnera al mismo tiempo los derechos de los ciudadanos.
Ante esta situación, la AUGC exige una actuación inmediata que incluya la dotación urgente de oficinas, mobiliario y medios; la instalación de medidas de seguridad que garanticen la intimidad de los viajeros; la adaptación completa de las instalaciones para personas con discapacidad visual; la colocación de vinilos de seguridad; el refuerzo de personal y medios logísticos; el acceso a baños propios; la igualdad de condiciones con otros cuerpos policiales y explicaciones públicas por lo que consideran un trato discriminatorio.
“La Guardia Civil merece respeto institucional”, concluyen desde la asociación, advirtiendo de que exigir profesionalidad sin medios ni condiciones dignas pone en riesgo la seguridad operativa, la intimidad de los pasajeros y el correcto funcionamiento de un servicio público esencial.