El Área Pública de Comisiones Obreras (CCOO) ha celebrado el paso dado por el Gobierno con la aprobación de un calendario de negociación sobre empleo público, que arrancará la próxima semana con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El sindicato ha advertido, no obstante, que su actitud será “constructiva, pero también exigente” ante un proceso que considera clave para garantizar mejoras reales en las condiciones laborales de los empleados públicos.
El acuerdo se ha alcanzado en un primer encuentro celebrado este miércoles entre las principales organizaciones sindicales —CCOO, UGT Servicios Públicos y CSIF— y la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, junto a la directora general del área, María Hilda Jiménez. La reunión llega tras las movilizaciones del verano, que, según recuerdan desde CCOO, “han obligado al Gobierno a dialogar” y han evitado que el conflicto derivara en una huelga.
El compromiso alcanzado establece un calendario de reuniones semanales que se dividirá en dos bloques de trabajo: uno centrado en el empleo público —que será el primero en abordarse— y otro sobre salarios, cuya negociación comenzará el 19 de noviembre, tras más de un año de congelación retributiva. Ambas materias quedarán recogidas en un nuevo acuerdo plurianual 2026-2028, que incluirá además un capítulo específico para la subida salarial pendiente, con efectos retroactivos.
Desde el sindicato, han recordado que aún quedan cuestiones pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, como la jubilación parcial del personal laboral, funcionario y estatutario, la clasificación profesionalconforme al Sistema Español de Cualificaciones Profesionales, la jornada laboral de 35 horas, el teletrabajo o la mejora de las condiciones del Servicio Exterior.
“Hemos reprochado a la Administración la tardanza en sentarse a negociar, pero valoramos que se retome el diálogo para abordar una subida salarial por encima del IPC, fondos adicionales, la recuperación del empleo perdido y una revisión de las condiciones laborales que permita revertir los recortes de los años 2010-2012”, señalan desde CCOO.
El sindicato subraya que inicia esta nueva etapa “con voluntad de alcanzar un acuerdo beneficioso para más de 3,5 millones de empleadas y empleados públicos”, aunque advierte que, si los resultados son insuficientes, no descartan retomar las movilizaciones suspendidas temporalmente.
