La propuesta inicial de Función Pública consistía en limitar la aplicación de las 35 horas semanales al personal que trabaja de lunes a viernes, excluyendo al personal con jornadas especiales (de especial dedicación, con turnicidad, jornadas partidas), así como al personal de centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.
El sindicato CCOO no podía avalar que parte del personal de la Administración del Estado quedase fuera. No existía ninguna norma legal que justificase que, teniendo el mismo empleador —el Estado—, una parte de la plantilla realizase 1.533 horas anuales y otra más de 1.642 horas anuales, generando una discriminación en el régimen estatutario y empeorando las condiciones laborales de los excluidos.
Con independencia del horario necesario para cubrir turnos de mañana, tarde o de 24 horas, la jornada en cómputo anual debía ser la misma para todo el personal civil del Estado.
Finalmente, Función Pública aceptó la propuesta de CCOO y se comprometió a implantar la jornada de 35 horas para todo el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General del Estado, cuyas condiciones laborales se negocian en el ámbito de la MGNAGE (art. 36.3 del TREBEP).
Se trata de una medida que beneficiará a más de 246.000 empleadas y empleados públicos, sirviendo además como referencia para la Administración Local. Esta medida fue acordada en el “Acuerdo Marco para una administración del siglo XXI”, negociado y firmado por CCOO con el Gobierno de España, incluyendo el compromiso de derogar la jornada establecida en el RD 20/2012 del gobierno de M. Rajoy.
La implantación deberá ser progresiva, debido a la heterogeneidad de los servicios públicos del Estado. En un plazo de 15 días, la Secretaría de Estado de Función Pública modificará la Resolución general de jornadas y horarios de 28 de febrero de 2019, implantando la nueva jornada laboral de 35 horas y su correspondiente distribución horaria.
Los horarios de especial dedicación del personal directivo también se adaptarán, reduciéndose a 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.
Asimismo, los departamentos ministeriales, organismos públicos, agencias y entidades públicas de la AGE con jornadas y horarios especiales deberán adaptar la jornada a las 1.533 horas anuales, tanto en las Instrucciones específicas de jornadas y horarios como en los calendarios laborales, previa negociación con la representación del personal en la Mesa de Negociación Delegada correspondiente.
La jornada general de las 35 horas semanales implicará:
- Modernizar la organización del trabajo en la Administración del Estado.
- Atraer y retener talento.
- Mejorar la productividad en la Administración.
- Favorecer una mayor conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
- Mejorar la salud física y mental del personal.
Por último, la reducción de 2,5 horas semanales (un 7,1% del tiempo de trabajo ordinario) exige adoptar medidas técnicas y organizativas, como la revisión de la planificación de los recursos humanos, la detección de necesidades de personal en los servicios de atención a la ciudadanía y en aquellos con turnicidad, para poder atenderlos mediante nuevas ofertas de empleo público de carácter plurianual.
CCOO se mantendrá vigilante para evitar que la implantación de las 35 horas se convierta en una medida electoralista que ponga en riesgo los servicios públicos.
Desde CCOO se defiende la salvaguarda de los servicios públicos y se mantendrá una posición firme ante el Gobierno, exigiendo que la OEP 2026 se negocie con la mayor brevedad posible. Se considera imprescindible que esta oferta cubra las necesidades actuales y garantice el acceso de la ciudadanía a las coberturas del Estado social y de derecho, especialmente en un contexto en el que la crisis se ve agravada por el conflicto bélico.
