Las consecuencias económicas de la denominada guerra en Oriente Próximo sobre la ciudadanía mundial, derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz y la destrucción de infraestructuras energéticas, son ya palpables a corto plazo y claramente previsibles a medio y largo plazo. En este contexto, se considera especialmente ilustrativo el conocido refrán español: “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”, que refleja la necesidad de anticipación ante los efectos que ya están sufriendo otros territorios.
En este sentido, la escasez de combustible y la escalada de precios que afectan actualmente a diversos países asiáticos podrían trasladarse a Europa en cuestión de semanas, según advierten distintos expertos en materia energética.
Ante esta situación, numerosos gobiernos han aprobado medidas destinadas a mitigar los efectos de la crisis sobre la población. En España, el Congreso de los Diputados convalidó recientemente el denominado “decreto anticrisis”, en línea con estas actuaciones.
No obstante, no solo los gobiernos nacionales tienen capacidad de respuesta. También los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos pueden adoptar decisiones orientadas a proteger a la ciudadanía. En este marco, CCOO planteó en la Mesa del Diálogo Social la gratuidad del transporte público, inicialmente con carácter puntual y temporal, con el objetivo de reforzar la protección económica de la ciudadanía ceutí mientras persistan los efectos de la guerra, contemplando incluso su posible ampliación si se demuestra la eficacia de la medida.
Además, la gratuidad del transporte público podría generar efectos positivos adicionales, entre los que destacan:
- Una mayor duración de las reservas de combustible, facilitando una mejor respuesta ante posibles restricciones al repostaje, como ya ocurre en algunos países asiáticos.
- Una mejora de la circulación urbana, especialmente en zonas y momentos con alta saturación.
- La reducción de emisiones contaminantes, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.
Por otro lado, desde la Ciudad Autónoma se ha argumentado que el precio del transporte público en Ceuta es relativamente reducido, especialmente mediante el uso de bonos, que permiten tarifas de entre 0,62 € (o 0,31 € con bonificación) para el billete ordinario y 0,20 € (o 0,10 € bonificado) para pensionistas y personas desempleadas. Sin embargo, se señala que una parte de la población no utiliza estos bonos, ya sea por falta de información o por desinterés, abonando el precio completo de 0,85 € por trayecto.
Partiendo del propio argumento institucional sobre lo moderado de los precios, CCOO considera que el impacto presupuestario de esta medida podría ser limitado, lo que lleva a plantear una cuestión clave: ¿cuál sería realmente el coste económico de su aplicación?
En este sentido, el coste dependería del periodo de vigencia, aunque puede estimarse con cierta precisión. Según los presupuestos de la Ciudad Autónoma, los ingresos previstos para AMGEVICESA en 2026 en concepto de recaudación de autobuses ascienden a 2.300.000 € anuales, lo que equivale a unos 191.666 € mensuales. Se trata de una cifra relevante, pero que CCOO considera asumible desde el punto de vista presupuestario.
Por todo ello, CCOO reitera su solicitud al Gobierno de la Ciudad Autónoma, proponiendo la aplicación de la medida de forma inmediata o mediante la definición de criterios de activación puntual (como determinados niveles en los precios del combustible o la implantación de restricciones al consumo). El objetivo es articular una respuesta ágil ante el complejo escenario energético que se prevé, contribuyendo a mitigar el impacto negativo que la guerra está teniendo, y tendrá, sobre la renta del trabajo.
