Miles de empleados públicos de toda España han salido hoy a las calles convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva sobre diversas condiciones laborales. Las movilizaciones, que han tenido lugar frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y en las subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias, buscan lograr avances en cuestiones clave como el salario, la oferta de empleo público, las condiciones de jubilación, la jornada laboral y el teletrabajo.
Desde que se constituyó el actual Gobierno en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas, lo que ha generado descontento entre los trabajadores públicos. CSIF considera urgente que el Ejecutivo aborde la negociación de un nuevo acuerdo salarial, ya que el actual caduca a finales de este año y ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde 2022. Además, la organización sindical reclama la oferta de empleo público para 2025, especialmente considerando que el Gobierno no ha logrado aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
En el ámbito de las retribuciones, CSIF ha conseguido que el Tribunal Constitucional admita a trámite un recurso de amparo contra la decisión del Congreso de los Diputados, que rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el sindicato. Esta iniciativa busca que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa a los recortes implementados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. El alto tribunal ha destacado la trascendencia constitucional del asunto, por lo que ha solicitado la remisión del expediente por parte de la Presidenta del Congreso.
CSIF ha recordado que, debido a los recortes de 2010, los empleados públicos han sufrido una pérdida global de hasta el 20% de su poder adquisitivo, con algunas categorías laborales trabajando entre 13 y 18 meses de manera gratuita. Esta situación sigue vigente, lo que refuerza las demandas de restitución de los derechos perdidos.
Además, el sindicato ha revelado que, según un estudio reciente, los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) ganan, de media, 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las comunidades autónomas y los ayuntamientos por realizar el mismo trabajo. CSIF exige una asignación de fondos adicionales para corregir estas desigualdades y lograr la igualdad salarial para 2028.
Las movilizaciones continuarán y, si el Gobierno no responde a las peticiones, CSIF no descarta adoptar medidas más contundentes en el futuro.
