La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha instado a todos los departamentos de la Administración General del Estado (AGE) a aplicar de forma inmediata la jornada laboral de 35 horas, después de que el Boletín Oficial del Estado haya publicado este martes la resolución que regula su implantación.
El sindicato, mayoritario en las administraciones públicas, trasladará esta exigencia a todas las áreas del Estado a partir de mañana, fecha en la que la medida entra en vigor. No obstante, la resolución contempla un plazo de un mes para adaptar los calendarios laborales y los sistemas de control horario.
La normativa afecta al conjunto del personal al servicio de la AGE, incluyendo organismos autónomos, agencias y entidades vinculadas, así como las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Quedan fuera, sin embargo, el personal militar y los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sí se abre la puerta, en cambio, a su aplicación en ámbitos como Instituciones Penitenciarias, Sanidad y Educación, aunque en estos casos deberá ajustarse a sus regulaciones específicas y a los marcos de negociación establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Desde CSIF subrayan que esta resolución también introduce mejoras en materia de conciliación, incorporando medidas de flexibilidad horaria que buscan facilitar la compatibilidad entre la vida laboral y personal de los empleados públicos.
La implantación de la jornada de 35 horas se adaptará igualmente a las denominadas jornadas especiales, como los regímenes de especial dedicación —que pasarán de 40 a 37,5 horas— o la jornada intensiva de verano, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios públicos sin merma en la atención a la ciudadanía.
El sindicato ha extendido además su reclamación al ámbito local, instando a los ayuntamientos y entidades públicas a iniciar las negociaciones necesarias para aplicar esta reducción de jornada en aquellos territorios donde aún no está en vigor. Asimismo, exige su extensión a empresas públicas y otros ámbitos con derecho a esta medida.
En este contexto, CSIF advierte de que, si no se materializa la aplicación generalizada de la jornada de 35 horas, se reserva la posibilidad de emprender acciones legales para garantizar su cumplimiento.
La organización sindical destaca que su papel ha sido “fundamental” para desbloquear esta medida, pendiente desde 2022, y que finalmente se ha materializado tras el acuerdo alcanzado con Función Pública en el marco del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado el pasado mes de noviembre.
