La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno una regulación inmediata que permita el acceso a la jubilación parcial anticipada a todo el personal de las administraciones públicas —funcionarios, estatutarios y laborales— antes de la entrada en vigor de los cambios legislativos previstos para el próximo 1 de abril.
El sindicato considera "insuficiente" la medida anunciada este lunes por el Ministerio de Función Pública junto a CCOO y UGT, ya que, según denuncia, excluye al personal funcionario y estatutario —este último perteneciente al ámbito sanitario—, lo que podría poner en riesgo el ejercicio de un derecho consolidado en el tiempo.
"Exigimos que se proceda de manera inmediata a la regulación de este derecho para todo el personal funcionario, estatutario y laboral, así como la convocatoria de la Mesa de Negociación", ha advertido CSIF en un comunicado. La organización ha anunciado que, en caso de que no se rectifique, pondrá a disposición de sus afiliados sus servicios jurídicos para defender este derecho en los tribunales.
Desde CSIF recuerdan que la jubilación parcial anticipada se ha venido aplicando con normalidad al personal laboral en las distintas administraciones. Sin embargo, tras la aprobación del nuevo Real Decreto-Ley que modifica la Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores, distintas administraciones autonómicas y locales han comenzado a paralizar solicitudes de jubilación parcial con contrato de relevo, escudándose en una "interpretación restrictiva" de la normativa.
El sindicato también ha pedido al Ejecutivo que emita "instrucciones claras" para el personal laboral, ante la incertidumbre que ha generado la nueva legislación sobre cómo compatibilizar los requisitos de contratación del relevista —fijo y a tiempo completo— con las condiciones de acceso al empleo público.
CSIF ha reconocido que la tasa adicional de reposición de personal laboral anunciada por el Gobierno, fruto de la presión ejercida por el sindicato, constituye un avance. No obstante, ha lamentado que esta medida "no llegará a tiempo" para su aplicación antes del 1 de abril, fecha clave en la que entran en vigor los cambios legislativos.
