La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha emplazado al Ministerio de Función Pública, en la reunión de seguimiento celebrada hoy del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, a que acelere la puesta en marcha de otras medidas, una vez que la mayoría de las administraciones han completado el pago de la subida y los atrasos salariales de 2025.
CSIF ha constatado que la práctica totalidad de las administraciones públicas han completado, en la nómina de enero, el pago del 2,5 por ciento correspondiente a la subida salarial de 2025 y los atrasos correspondientes, de manera retroactiva, así como la subida de 2026, tal y como estaba recogido en el Acuerdo firmado el pasado noviembre. De esta forma, los empleados públicos comienzan el año con una subida global del 4 por ciento (el 2,5 por ciento de 2025y el 1,5 por ciento de 2026, que podría ampliarse con un 0,5 adicional ligado a la evolución del IPC).
El objetivo principal de la reunión de seguimiento ha sido poner en marcha los diferentes grupos de trabajo: Igualdad, Digitalización e Inteligencia Artificial, Salud Laboral y Empleo Público. A petición de CSIF, también se creará una mesa específica sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previa comunicación a Muface.
En concreto, CSIF ha trasladado a Función Pública la necesidad de priorizar el refuerzo del mutualismo administrativo, desbloquear la jubilación parcial anticipada, impulsar la promoción interna, actualizar las indemnizaciones por razón de servicio, los complementos de residencia e insularidad, y extender el teletrabajo en toda la Administración General del Estado (AGE).
Asimismo, CSIF ha planteado la necesidad de actualizar el sistema de incrementos salariales del personal laboral en el exterior (PLEX) y de aplicar la subida y los atrasos salariales a las personas en situación de incapacidad temporal (ITE).
Igualmente, el sindicato considera necesario extender la implantación de la jornada laboral de 35 horas al ámbito de las Instituciones Penitenciarias y de las empresas públicas, aprovechando que el Gobierno ha iniciado este procedimiento en la Administración, así como continuar avanzando en la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado.
