Desde la sección sindical de CSIF en el Centro Penitenciario de Ceuta, sindicato más representativo de las Administraciones Públicas y mayoritario en las Mesas de Negociación de Instituciones Penitenciarias y Función Pública, se ha solicitado que en el futuro no se reproduzcan situaciones como las acontecidas hace poco más de una semana, a raíz del traslado de varios miembros de una misma banda organizada al Centro Penitenciario de Ceuta para su asistencia a juicio.
A juicio de CSIF, trasladar y concentrar a varios miembros de una banda organizada en un mismo centro penitenciario no parece una medida acertada, máxime si con dicha decisión confluyen otros factores como:
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Un ámbito geográfico tan característico como el de la ciudad de Ceuta, con una reducida extensión y una densidad de población muy elevada, donde la presión social y el señalamiento están presentes.
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El hecho de que los integrantes de la organización criminal conocida como “cártel del Ángulo”, desplazados a Ceuta para el macrojuicio de la Operación Plomo, sean vecinos de la propia ciudad, contando además su banda con ramificaciones activas en la misma.
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El internamiento durante varios días en el mismo establecimiento penitenciario, el Centro Penitenciario de Ceuta, que presenta un déficit estructural en su plantilla desde su apertura, especialmente en el área de vigilancia interior, donde las carencias de personal son evidentes y en el que la separación interior de internos en ocasiones resulta muy complicada.
Según el sindicato, la concurrencia de estos factores genera una combinación que puede convertirse en un auténtico cóctel explosivo, presentando diversos riesgos de seguridad y protección, entre los que destacan:
● Altercados y violencia
La concentración de miembros de un mismo grupo criminal puede provocar desórdenes regimentales, reyertas e intentos de agresión a funcionarios.
● Riesgos durante el traslado
El movimiento de internos peligrosos requiere dispositivos de seguridad complejos, conlleva riesgos de fuga, así como riesgos para los trabajadores implicados y un aumento del gasto público.
● Brecha en la seguridad dinámica
La presencia de varios miembros activos de una misma organización criminal facilita la coordinación de actividades delictivas dentro del centro penitenciario.
Desde CSIF se afirma que la prisión de Fuerte Mendizábal no reúne actualmente las características ni las condiciones necesarias para albergar a un contingente de miembros de una misma banda criminal organizada, circunstancia que menoscaba la seguridad del centro y pone en peligro la integridad de los trabajadores.
Asimismo, el sindicato recuerda que existen medios tecnológicos como la videoconferencia, una alternativa seguraque permite la celebración de juicios con plenas garantías jurídicas.
La videoconferencia, señalan desde CSIF, ha sido validada por el Tribunal Supremo como equiparable a la presencia física, garantizando el derecho de defensa y constituyendo una medida mucho más segura al evitar desplazamientos físicos de internos peligrosos.
Aunque el principio de inmediación procesal suele optar por la presencia física, este se considera cumplido mediante videoconferencia siempre que exista una interacción adecuada. Además, el uso de este sistema permite cumplir con los principios de concentración y celeridad procesal, evitando riesgos innecesarios para los profesionales implicados y reduciendo costes.
El sindicato recuerda igualmente que la regulación sobre el uso de tecnologías ha evolucionado, citando el artículo 229.3 de la LOPJ, el artículo 129 bis de la LECrim y diversas reformas procesales, que permiten a los tribunales valorar el riesgo o la necesidad para decidir entre medios telemáticos o la presencia física del acusado.
Por todo ello, CSIF ha solicitado que se priorice la seguridad operativa en casos como el descrito, demandando tanto a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como a la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social que articulen las medidas necesarias junto a las autoridades judiciales para avanzar hacia una regulación que permita la videoconferencia como solución técnica, con el objetivo de mitigar riesgos, garantizar la seguridad e integridad física de todos los implicados y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro.
