La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización mayoritaria en las administraciones públicas, ha propuesto a los sindicatos UGT y CCOO la organización conjunta de una gran protesta en toda España. El objetivo de esta movilización es reclamar al Gobierno que cumpla con la subida salarial de este año y abone el 0,5 % pendiente correspondiente a 2024.
El sindicato exige, además, la aprobación por decreto de la revalorización salarial, tal y como ya se ha hecho en años anteriores, y propone que los sueldos de los empleados públicos se actualicen anualmente conforme al IPC, con un incremento adicional sujeto a negociación, replicando el modelo de las pensiones.
“Estamos en mayo y el Ejecutivo sigue sin aplicar la subida pactada. Calculamos que se adeudan unos 1.200 millones de euros a los empleados públicos”, denuncia CSIF, que ha anunciado que próximamente formalizará una petición al presidente del Gobierno por la “inacción” del ministro de Función Pública, Óscar López.
El sindicato reclama también una batería de medidas para reforzar la función pública: eliminar la tasa de reposición en la oferta de empleo de 2025, implantar la jornada laboral de 35 horas semanales, permitir la jubilación parcial y garantizar la equiparación salarial entre administraciones.
Además, CSIF ha vuelto a poner el foco en el incumplimiento de la Ley de Estabilización del Sector Público de 2021. Según datos propios, extraídos del Boletín Estadístico de Empleados Públicos y la Encuesta de Población Activa (EPA), la temporalidad sigue anclada en el 30 %, muy por encima del 8 % comprometido con Bruselas antes del 31 de diciembre de 2024. La falta de cumplimiento ha motivado la apertura de dos expedientes de infracción por parte de la Unión Europea, con posibles sanciones millonarias.
De las 544.151 plazas ofertadas en procesos de estabilización desde 2021, un 33 % no se han cubierto, y casi 3.100 ayuntamientos —el 40 % del total— no han facilitado información sobre sus cifras de temporalidad.
La situación se agrava con el dato histórico de destrucción de empleo público: solo en el primer trimestre de 2025 se han perdido 92.100 puestos, una cifra que supera con creces toda la oferta de empleo público prevista este año en la Administración General del Estado.
CSIF alerta de que más del 60 % del personal público tiene más de 50 años y que un 30 % podría jubilarse en la próxima década. “Nos enfrentamos a una década crítica para el sostenimiento de los servicios públicos si no se adoptan medidas estructurales de forma inmediata”, advierte la central.
