La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reiterado su rechazo a la Oferta de Empleo Público para 2025, al considerar que las plazas propuestas son insuficientes para compensar la pérdida acumulada de personal en la Administración del Estado durante las dos últimas décadas, que supera los 42.000 efectivos.
Según datos del propio Gobierno, la oferta asciende a 36.588 plazas, lo que supone 3.558 menos que el año pasado, rompiendo la tendencia de crecimiento de los últimos años debido a la falta de presupuestos y a las restricciones al gasto impuestas por Bruselas.
Desde CSIF alertan de que esta oferta no permitirá resolver problemas estructurales en servicios como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o Instituciones Penitenciarias, ni en ámbitos esenciales gestionados por ayuntamientos y comunidades autónomas como la sanidad o la educación.
El sindicato critica también el mantenimiento de la tasa de reposición, que impide reforzar áreas deficitarias, perpetúa la temporalidad y ya ha provocado la congelación de fondos europeos.
Además, CSIF denuncia la inclusión de una tasa adicional para el País Vasco (ámbito de Justicia), que considera discriminatoria para el resto de comunidades y contraria al principio de equidad en el acceso a los servicios públicos.
También manifiesta su preocupación por las negociaciones con Junts y PNV, que podrían acentuar las diferencias territoriales en la calidad y el acceso a los servicios públicos, por la posible cesión de impuestos, la pérdida de competencias o los recortes en Seguridad Social.
Urgente refuerzo de plantillas
CSIF exige un refuerzo inmediato de las plantillas, la creación de empleo neto, la recuperación de los puestos perdidos y la eliminación de la tasa de reposición. Asegura que esta es la única forma de responder a las necesidades reales de las administraciones públicas.
En la última década se han perdido 20.640 empleos, cifra que se suma a los 21.392 perdidos en la anterior, lo que hace un total de más de 42.000 puestos desaparecidos.
Además, el 21 % del personal tiene más de 60 años, lo que anticipa una ola de jubilaciones que agravará la situación. El 55 % de la plantilla se jubilará en los próximos 10 años, una situación que ya ha sido advertida por la OCDE debido al envejecimiento de las plantillas públicas en comparación con otros países europeos.
