La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha dirigido formalmente a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para solicitar que se habilite el crédito necesario que permita atender, entre otras cuestiones, el incremento de las retribuciones del conjunto de empleadas y empleados públicos, conforme al IPC, con efectos retroactivos al 1 de enero.
La CSIF ha enviado esta carta formal coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden que dicta las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2026. A partir de este momento, los órganos y entidades del sector público estatal deberán remitir sus propuestas presupuestarias antes del 12 de septiembre.
Aprovechando dicho trámite, CSIF ha reiterado la necesidad de que la nueva norma presupuestaria incluya medidaspara la mejora de las condiciones económicas de las personas trabajadoras del sector público. Estas mejoras repercutirán positivamente en la calidad de los servicios públicos, el fortalecimiento del Estado de Bienestar, la protección del capital humano de las Administraciones y en el respeto a los derechos laborales establecidos en la normativa vigente.
Las medidas reivindicadas por CSIF son las siguientes:
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Incremento de las retribuciones conforme al IPC, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2025.
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Recuperación del poder adquisitivo perdido, actualmente superior al 20%.
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Restablecimiento del régimen retributivo previo a los recortes de 2010, recuperando el 100% de las pagas extra.
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Equiparación salarial para el personal del mismo cuerpo y escala, sin importar el ámbito territorial o administración.
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Adecuación de los Grupos Profesionales según el artículo 76 del TREBEP.
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Establecimiento de una Carrera Profesional para todo el personal público.
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Actualización de las indemnizaciones por razón del servicio (manutención, pernocta, uso de vehículo).
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Homologación retributiva del Personal Laboral en el Exterior.
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Revisión de las indemnizaciones por residencia, congeladas desde hace más de 25 años.
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Regulación de acuerdos que permitan incrementos retributivos superiores a los de la norma presupuestaria mediante negociación colectiva.
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Eliminación de la tasa de reposición en la oferta de empleo público.
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Flexibilización de la promoción interna, ligándola a la superación de un curso selectivo.
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Implantación de la jornada laboral de 35 horas en todas las administraciones.
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Regulación de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario.
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Jubilación anticipada por actividad especialmente penosa, tóxica o peligrosa.
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Incremento de haberes reguladores de las pensiones del régimen de Clases Pasivas, equiparándolas al Régimen General.
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Regulación de la jubilación voluntaria a los 60 años en el Régimen General de la Seguridad Social.
