El diagnóstico es claro y las cifras, contundentes. Según el informe de la AIReF, el gasto en incapacidad temporalalcanzó en 2024 los 16.500 millones de euros, superando el 1 % del PIB y situándose como la segunda mayor partida de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones. En apenas una década, este gasto se ha triplicado, pasando de algo más de 5.400 millones a los niveles actuales.
Pero el problema va más allá del impacto presupuestario. Desde 2017, las bajas por contingencias comunes han aumentado cerca de un 60 %, pasando de 21,4 a 33,9 procesos por cada 1.000 afiliados, mientras que la duración mediase ha alargado de 40 a casi 46 días. Más bajas y más largas: una combinación que multiplica el coste económico y el desajuste organizativo en las empresas.
Un sistema que llega tarde
La AIReF identifica además un patrón especialmente preocupante: el 25 % de los trabajadores concentra el 55 % de los procesos de incapacidad temporal. Una reiteración que apunta, según el organismo fiscalizador, a la ausencia de actuaciones tempranas sobre colectivos y patologías donde el problema se cronifica.
El informe señala también un fallo de diseño institucional: los médicos del sistema público prescriben las bajas, pero el coste económico recae sobre la Seguridad Social. Esta separación entre quien decide y quien paga dificulta el control y favorece prolongaciones innecesarias. A ello se suma una inspección médica tardía, que interviene cuando la baja ya está consolidada y su impacto es mucho mayor.
El coste oculto que asumen las empresas
Aunque el análisis de la AIReF se centra en el gasto público, la Confederación de Empresarios subraya que el coste real del absentismo es compartido —y en muchos casos soportado— por las empresas. Diversos estudios sitúan el impacto directo empresarial en al menos 14.000 millones de euros anuales, una cifra que puede superar los 20.000 millones si se incluyen costes indirectos como horas extra, sustituciones, reorganización interna y pérdida de productividad.
Para ponerlo en contexto, esta cantidad cuadruplica la inversión realizada por ADIF en 2024 en toda la red ferroviaria nacional. Las empresas están obligadas a abonar la prestación económica entre los días 4 y 15 de la baja, mantener las cotizaciones durante todo el proceso y, en muchos casos, complementar el salario hasta casi el 100 % por convenio. A partir del día 16, además, deben adelantar el pago mediante el sistema de pago delegado.
Ceuta: un impacto que se multiplica
En un territorio frágil como Ceuta, con un PIB aproximado de 1.900 millones de euros, alta dependencia del sector servicios y un fuerte peso del empleo público, el impacto se amplifica. Extrapolando de forma prudente los datos nacionales, el coste anual del absentismo en la ciudad rondaría los 40 millones de euros, casi el doble de lo previsto en inversiones reales en el presupuesto de 2026.
Para una pequeña empresa ceutí, una sola baja media de mes y medio puede suponer un coste directo de 3.000 a 3.500 euros, el equivalente a varios meses de beneficio. En sectores como la hostelería, dos bajas simultáneas pueden elevar la factura hasta los 8.000–10.000 euros, provocando cierres parciales, reducción de horarios y pérdidas difíciles de recuperar.
Servicios públicos bajo presión
El absentismo también tiene consecuencias directas sobre la calidad de los servicios públicos. Menos personal disponible implica retrasos, sobrecarga del resto de la plantilla y mayores costes en refuerzos y horas extra. “No se trata solo de dinero, sino de eficiencia administrativa y confianza ciudadana”, advierten los empresarios.
Un expediente que se retrasa, una licencia que no llega a tiempo o un servicio que se deteriora tienen un impacto inmediato en la actividad económica local, especialmente en una ciudad donde el sector público es un pilar clave.
Un problema estructural
La conclusión del informe de la AIReF es inequívoca: el actual sistema de incapacidad temporal presenta deficiencias estructurales de control, seguimiento e incentivos, que están disparando el gasto y trasladando una factura creciente tanto al Estado como a las empresas.
Para la Confederación de Empresarios de Ceuta, el absentismo laboral ya no es un debate ideológico ni una cuestión menor, sino un problema económico de primer orden que afecta de lleno a la productividad, la competitividad empresarial y la sostenibilidad del sistema.
