Función Pública ofrece una subida del 10 por ciento entre 2025 y 2028, que rechaza CSIF por insuficiente

El sindicato rechaza esta primera oferta, que "no" cubre la subida de los precios de 2025 y 2026: "seguiremos negociando un acuerdo que permita recuperar poder adquisitivo", argumentan

CSIF / E. ARTEAGA
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El Ministerio de Función Pública ha puesto sobre la mesa una primera oferta salarial para el personal empleado público: una subida del 10% entre 2025 y 2028. La propuesta se repartiría en cuatro años, con un máximo del 4% en 2025 y 2026, y el resto en 2027 y 2028. El argumento del Gobierno es que no puede superar el techo de gasto en los dos primeros ejercicios.

La respuesta de CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha rechazado la propuesta. Considera que no cubre la subida de los precios y que supondría una pérdida de poder adquisitivo en los dos primeros años del acuerdo.

  • Dato: En 2024, el IPC cerró en un 2,8% y hasta octubre la inflación se situó en un 3,1%.
  • Balance: Desde 2022, los sueldos públicos se han devaluado un 8%.
  • Acumulado: Desde 2010, la pérdida acumulada ronda el 20%.

“Por responsabilidad seguiremos negociando, pero esta oferta no se puede aceptar”, señalan desde CSIF, que insiste en que el Gobierno está recaudando más que nunca y debería revisar su planteamiento.

Complementos y reivindicaciones históricas

Función Pública sí ha aceptado revisar las cuantías ligadas al complemento de residencia e insularidad, así como las compensaciones por razón de servicio (manutención y alojamiento). Se trata de demandas históricas de CSIF que afectan directamente a quienes trabajan en territorios como Ceuta.

Próximas reuniones

El sindicato recuerda que esta es solo una primera oferta y que hay margen para negociar. Esta misma tarde está prevista una reunión entre Función Pública y Hacienda, y mañana continuarán las conversaciones con las organizaciones sindicales.

La expectativa es alta entre el colectivo de empleadas y empleados públicos, que esperan un acuerdo que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.