La Comisión de Interior del Congreso ha dado el primer paso para que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad. El acuerdo, respaldado por PSOE, PP y PNV, se ha cerrado en la ponencia que analiza la reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, vigente desde 1979. Falta la ratificación formal, pero el consenso político ya está sobre la mesa.
Desde CSIF detallan qué implica este cambio. Sergio García, CSIF Prisiones Madrid, explica que “tener la condición de autoridad supone mayor seguridad y mayor protección jurídica”. Subraya que la presunción de veracidad será clave: “A partir de ahora, todos los informes que hagamos en nuestro puesto de trabajo constan como base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba en contrario”. Añade que la reforma garantiza que la Administración indemnizará los daños personales y materiales sufridos en el ejercicio del trabajo y que el reconocimiento como agentes de la autoridad irá acompañado de formación específica. García recalca que estas mejoras también alcanzan al personal laboral de los centros penitenciarios.
El movimiento llega tras años de presión del colectivo. El sindicato CSIF lo ha celebrado como una “victoria”, un término que resume bien el clima interno en las cárceles: plantillas que llevan tiempo reclamando más protección, más seguridad y un marco legal que respalde su trabajo diario frente a agresiones y conflictos dentro de los centros.
CSIF avisa, aun así, de que no piensa relajarse. Reclama que la Comisión ratifique el acuerdo “cuanto antes” para que la reforma empiece su recorrido parlamentario sin más retrasos. El sindicato insiste en que el reconocimiento no es simbólico: puede traducirse en indemnizaciones más altas por daños personales o materiales y en la presunción de veracidad de los testimonios de los funcionarios, un punto clave en incidentes y procedimientos disciplinarios.
Desde el PP, la portavoz de Interior, Ana Vázquez, ha mostrado en redes su “alegría inmensa” por sacar adelante la enmienda conjunta con PSOE y PNV. Ha recordado que para su grupo era una “línea roja” que ningún trabajador penitenciario quedara fuera del reconocimiento.
La reforma, si avanza sin sobresaltos, supondrá un cambio relevante en el día a día de los centros penitenciarios. No es una revolución, pero sí un ajuste legal que el sector llevaba décadas pidiendo y que ahora, por fin, empieza a tomar forma en el Congreso.
