La situación de los trabajadores de la empresa privada con respecto al plus de residencia lleva muchos años siendo la batalla perdida de sindicatos y partidos políticos que luchan para que se haga extensible a la totalidad de las personas, alcanzando una estabilidad legal y haciendo desaparecer el limbo jurídico en el que se encuentra.
Actualmente, el sector privado sufre un imparable proceso de devaluación de esa indemnización como consecuencia de su precariedad jurídica, al estar regulado por una norma preconstitucional de 1975 sobre la que prevalecen los convenios colectivos, lo que trae como consecuencia inmediata que sea cada vez mayor el número de trabajadores que no lo perciben.
Ya en 2009, el asunto preocupaba y una Comisión del Consejo Económico y Social (CES) solicitó a la Universidad de Granada un dictamen sobre el impacto que un incremento reglamentario del plus de residencia en el sector privado tendría sobre el empleo y la renta de Ceuta. Un año y medio después, el grupo de trabajo llega a la conclusión de que el impacto sería “neutro” e incluso “positivo”. Los resultados obtenidos iban más allá y reflejaban incluso el coste que este incremento supondría para las arcas municipales. Los expertos del estudio anunciaban algo más de nueve millones de euros como la cantidad más cercana a la realidad local de acuerdo con las estimaciones efectuadas con datos de la Seguridad Social, excluyendo los empleados públicos del sector empresarial.
Los autores del dictamen dejaban claro que el impacto final sería prácticamente neutro para la economía local y sería absorbido a través de su traslado a las rentas salariales y al consumo, lo cual repercutiría positivamente en el empleo local.
En octubre de 2015, Caballas llevaba a Pleno una propuesta que el presidente de la Ciudad calificaba de "gran envergadura", establecer el plus de residencia para los trabajadores del sector privado.
La formación local instaba al Ejecutivo a solicitar al Gobierno de la nación la posibilidad de establecer una norma con rango de ley que obligara a todas las empresas del sector privado a incluir en la nómina de sus trabajadores este plus.
El Grupo Popular no cerraba puertas al hecho de intentar que el Gobierno central tomase en consideración esta iniciativa. Juan Vivas aseveraba que la mejor opción era crear una Comisión Informativa de Hacienda que estudiase esta petición y viera las posibilidades que existen para que la propuesta de Caballas se llevara a efecto.
Este año la formación local ha vuelto a sacar a la palestra este asunto, buscando que este plus sea obligatorio para todas las empresas y así conseguir una legalidad inexistente. El lugar elegido ha sido el último pleno ordinario celebrado. Tras la exposición de la propuesta, el PP ha evitado comprometerse a solicitar al Gobierno central la inclusión de una disposición en la Ley de Presupuestos Generales para 2017 con el fin de modificar el Estatuto de los Trabajadores y obligar a todas las empresas radicadas en Ceuta a abonar a sus trabajadores una cantidad no inferior al 25% del salario base.
Para Caballas, la Ciudad está obligada a fijar con la mayor seguridad jurídica posible el plus de residencia como elemento esencial del Régimen Económico y Fiscal (REF) especial, garantizando y generalizando su percepción.
Tras un largo debate, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha lanzado su compromiso de llevar a cabo reuniones con los partidos de la oposición y los agentes sociales con el fin de conseguir un consenso “imprescindible” para promover esta reclamación al Gobierno central.
Exigencia sindical
La elevación del plus de residencia al sector privado del 25%, en el que se quedó establecido por una Orden de 1975, al 33% ha venido siendo una reivindicación permanente de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) nunca atendida.
La Federación de Servicios de CCOO reitera su reivindicación a que se imponga, a través de una Ley, la residencia para todos los ciudadanos en Ceuta en las mismas condiciones, mínimo del 25% tal y como estaba impuesto.
El presidente de la FSC-CCOO, Emilio Postigo, es optimista y piensa que algún día esta lucha será efectiva, pero "hace falta voluntad política". Postigo es de la opinión de que las administraciones públicas deben dar ejemplo y a todas las empresas que contraten obligarles a que en sus pliegos de condiciones incluyan una cláusula que indique el deber del empresario de pagar a sus trabajadores ese plus.
Un poco de historia
Una Orden del Ministerio de Trabajo publicada en el BOE en marzo de 1975 sirvió para establecer un nuevo régimen de complemento salarial de residencia para los trabajadores del sector privado de las ciudades autónomas consistente en un 25% del salario base para equiparar, en parte, a los empleados del sector privado con los del público, a los que se les aplica el mayor porcentaje a través de las distintas Leyes de Presupuestos anuales, un 33%.
La norma no ha sido derogada, pero tras la aprobación del Estatuto de los Trabajadores los salarios del sector privado “sólo pueden establecerse mediante la negociación colectiva, sin que el Gobierno pueda obligar a las empresas a incluir concepto salarial alguno”. Hay sentencias judiciales que avalan que sigue existiendo una limitación en lo referente a los sueldos “pues el complemento de residencia es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico, al igual que lo es el salario mínimo”.
Así las cosas, actualmente los convenios sectoriales de ámbito territorial son receptivos al establecimiento del Plus fijado en una cuantía dl 25% (en algunos casos más), pero son "muy pocos" los sectoriales estatales que lo contemplan y en los que sí se asiste a procesos de supresión.
