La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, y los representantes en la Ciudad de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF firmaban el 7 de marzo un ambicioso acuerdo para garantizar la protección de los empleados públicos y el desarrollo de sus carreras profesionales. Las partes consensuaban un texto que, entre otros muchos avances, recogía el inicio de un proceso único de funcionarización, la búsqueda de vías para mantener el plan de pensiones de los empleados de la Ciudad, la negociación de la relación de puestos de trabajo de la institución y la renovación del convenio colectivo-acuerdo regulador de los trabajadores municipales, cuya vigencia decayó en 2007.
Más allá de las consideraciones que pudieran hacerse sobre el alcance real del acuerdo, publicado por el BOCCE el pasado martes, el foco acabó centrado en las rencillas, ya indisimulables, que han anidado entre las organizaciones sindicales con representación en la Ciudad.
Días antes, UGT y CSIF habían evidenciado sus diferencias con CCOO en una rueda de prensa a la que este último sindicato no daría en dar réplica convocando también a los medios. La ruptura de relaciones se hizo patente con la firma del acuerdo del 7 de marzo. Pese a ser rubricado por las tres centrales sindicales, hubo dos comunicados de prensa para anunciar el pacto con el Gobierno: uno, enviado conjuntamente por UGT y CSIF, y otro, remitido a las redacciones por CCOO. El primero atribuía a las organizaciones sindicales que firmaban la nota el mérito del buen fin de las negociaciones con la Consejería. El comunicado estaba ilustrado por la foto que se tomó tras la rúbrica del acuerdo junto a la consejera Kissy Chandiramani. En un gesto revelador y profiláctico, UGT y CSIF eliminaron de la imagen al sindicalista de CCOO José Antonio López.
El segundo comunicado, firmado por CCOO, se jactaba de que el acuerdo recogía propuestas de este sindicato que mejoraban las planteadas por UGT y CSIF.
Las diferencias alcanzan Amgevicesa
La firma del acuerdo con la Consejería parecía haber amansado la querella pública que los sindicatos representados en la Ciudad habían exhibido sin pudor durante los días anteriores. Sin embargo, la guerra no se iba a detener ahí.
Las hostilidades, ya con UGT al margen, se acabarían extendiendo a la sociedad municipal Amgevicesa y tendrían como protagonista involuntaria a la plantilla de la extinta empresa Hadú-Almadraba. La municipalización del servicio de autobuses concluyó con la integración de estos trabajadores en Amgevicesa, donde CSIF cuenta con mayoría.
La manzana de la discordia iba a ser el acuerdo que CCOO firmó con la sociedad municipal para la subrogación del personal de Hadú-Almadraba. El comité de la antigua empresa de autobuses había sido un feudo de CCOO, que dedicó su último esfuerzo en la compañía a acordar las condiciones en las que los trabajadores se integrarían en Amgevicesa.
CSIF emitió un comunicado –toda esta guerra se ha valido de las notas de prensa como arsenal principal- en el que calificaba de «fraudulento» el acuerdo de subrogación del personal y advertía de que resultaría inaplicable. El envite fue contestado por CCOO, y por la propia Gerencia de Amgevicesa, que rechazó las acusaciones de CSIF. Pero la batalla ya se estaba manteniendo: CSIF defendiendo su hegemonía en Amgevicesa frente a una CCOO que trataba de mantener fieles a los trabajadores del servicio de autobuses, a los que tradicionalmente había representado.
Las condiciones de la integración quedaban definitivamente acordadas este jueves en la mesa de negociación de la sociedad municipal.
Ahora resta conocer cuál será el próximo escenario elegido para prolongar una guerra que se antoja no será breve.
