Según ha confirmado Emilio Sújar, responsable de la franquiciada, la falta de soluciones para alcanzar un acuerdo y el corte de suministro de productos han obligado a la empresa a tomar esta decisión, aparte de que sus abogados también están preparando otras demandas contra la distribuidora alimentaria por rescindir antes de tiempo los contratos de franquicia que mantenían hasta ahora la relación comercial entre las partes. Sújar, tal y como adelantó Ceuta Actualidad, mantiene que los contratos están vigentes hasta 2024 y que cuenta con documentación que así lo demuestra.
La semana pasada, los representantes de DIA y Navariba mantuvieron una reunión para intentar alcanzar un acuerdo. La franquiciada mantuvo la postura que para la entregar de las llaves de la tienda de El Coso y cerrar la relación comercial de forma pacífica, tal y como reflejaba DIA en el acuerdo alcanzado con UGT, era condición indispensable que DIA subrogase la plantilla, a lo que no accedió. Es por ello, que la franquiciada no entregó las llaves de la tienda de El Coso y mantiene abierto el punto de venta ubicado en el dique de Poniente, éste último con la única intención de acabar con el stock de mercancía existente.
La representación de la franquiciada deja claro que el futuro de los trabajadores no está en mano de Navariba SL, si no en manos de DIA, “que es la que ha provocado esta situación de forma unilateral, caprichosa y sin sentido, sin motivo alguno que lo justifique”.
DIA, explica Emilio Sújar, “ha provocado esta situación y no ha mostrado el más mínimo interés en buscar soluciones alternativas, que las hubiese habido y no complicadas, más aún con la predisposición que había por parte de Navariba”.
Navariba, explica, fue quien acometió en su día, en el año 2004, una importantísima inversión en su apuesta por Ceuta. Sújar asegura que estaba dispuesta a seguir en esta línea, pero, a su entender, DIA cometió un error muy importante al presentar memoria en la Autoridad Portuaria a través del “propietario de una concesión administrativa para poner un nuevo punto de venta en la ciudad y que lo gestionase Navariba SL, a quien subarrendaría las instalaciones”.
Esto, agrega, “es ilegal”, al igual que entiende que “al parecer también es ilegal el arriendo de instalaciones de bien público, en este caso concesión administrativa de la Autoridad Portuaria.
Es por ello que el representante de Navariba ha dejado claro que “estaremos muy pendiente de cómo evoluciona esta cesión de explotación (alquiler encubierto), que "ya está en manos de nuestros abogados para que sea analizado en profundidad”.
Por tanto, tras ofrecer estas explicaciones, “más otras que se aportarán en su momento”, serán los Tribunales de Justicia los que decidirán quien lleva razón en este conflicto tan grave que esta multinacional ha creado.
