La Junta de Personal Docente no Universitario de Ceuta y firmado por la presidenta, Trinidad Megías Vinuesa de UGT, ha querido dejar un mensaje claro: el conflicto que el diputado Javier Celaya llevó al Congreso el 27 de febrero ya estaba resuelto cuatro días antes. Y ese desfase temporal, según el órgano de representación del profesorado, "no se corresponde con la situación real, ya resuelta en la reunión mantenida con la Dirección Provincial del MEFPD días antes".
El 23 de febrero, la Junta y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación cerraron un compromiso "que llevaba años sobre la mesa": activar por fin la primera convocatoria de plazas de Cátedra de Secundaria en Ceuta y establecer un calendario estable para las siguientes. La Junta lo describe como "un avance" fruto de meses de presión en la mesa de negociación, no como una concesión improvisada.
Ese mismo acuerdo, según recalcan, garantiza la promoción profesional del profesorado y reconoce la trayectoria de quienes llevan décadas sin poder acceder a este escalón.
La intervención del diputado
Cuatro días después, Celaya anunció que denunciaría en el Congreso un “bloqueo” de más de 30 años en las convocatorias de cátedras en Ceuta. Para la Junta, la iniciativa llega tarde y dibuja un escenario que ya no se corresponde con los hechos. El mensaje que trasladan es directo: el problema que el diputado pretende elevar a Madrid estaba solucionado antes de que él lo pusiera sobre la mesa.
El choque deja una sensación incómoda en el ámbito educativo: mientras la Junta intenta cerrar un capítulo histórico, la política estatal reabre el debate como si nada hubiera avanzado.
Un pulso entre tiempos y relatos
La cuestión de fondo no es solo administrativa. Se trata de quién marca el ritmo del relato público: quienes negocian en la ciudad o quienes intervienen desde fuera. Para la Junta, la prioridad es que el profesorado vea por fin reconocida su carrera. Para Celaya, el foco parece estar en denunciar un bloqueo que, según los representantes docentes, ya no existe.
La Junta insiste en que seguirá defendiendo los derechos del profesorado "con responsabilidad, negociación y firmeza", pero deja entre líneas una advertencia: las declaraciones políticas que no se ajusten al estado real de las negociaciones pueden generar ruido innecesario en un asunto que, al menos para ellos, ya estaba encarrilado.
