Las Juntas de Personal de Ceuta y Melilla han dejado de morderse la lengua. Tras la publicación en el BOE de la Resolución de 14 de abril de 2026, que fija la jornada general de 35 horas semanales en toda la Administración General del Estado, los representantes del personal sanitario han decidido plantarse. Y lo hacen con un mensaje directo: ya no hay excusas.
“La duración de la jornada general se fija en 35 horas semanales de trabajo efectivo” aparece literalmente en la resolución oficial, junto a la obligación de que los organismos de la AGE —como INGESA— adapten sus calendarios en un mes.
Pero mientras el BOE marca el paso, INGESA parece seguir a otro ritmo. Las Juntas denuncian que el Instituto ha convocado la Mesa Sectorial… sin incluir en el orden del día la implantación de las 35 horas. Y eso, después de publicar en su propia web que los sindicatos “exigen públicamente” el cumplimiento de la norma. Contradicciones que han terminado de agotar la paciencia.
Un marco legal claro… y un personal cansado de esperar
La resolución no deja margen a interpretaciones:
- 35 horas semanales, equivalentes a 1.533 horas anuales.
- Un mes para adaptar calendarios y sistemas de control horario.
- Prohibido tocar vacaciones, festivos o el cómputo anual.
“Los organismos dependientes de la AGE disponen de un plazo de un mes para realizar las adaptaciones necesarias”, recuerda el texto.
En Ceuta y Melilla, donde el personal sanitario ya fue declarado de difícil cobertura en 2023, la sensación es que las mejoras siempre llegan tarde… o no llegan. “La reiteración de medidas anunciadas pero no ejecutadas genera un deterioro de la confianza”, advierten las Juntas.
Lo que exigen ahora
Los representantes del personal han puesto sobre la mesa tres demandas inmediatas:
- Negociación real el 23 de abril. No más mesas sectoriales sin contenido.
- Cuadrantes que reflejen las 35 horas. Nada de ajustes simbólicos.
- Flexibilidad horaria efectiva. Incluyendo medidas para personas cuidadoras y bolsas de horas recuperables del 5%.
En el documento oficial se recoge que la distribución de la jornada no puede “menoscabar el cómputo anual o alterar el número de días de vacaciones y festivos”.
Un pulso abierto
La sensación entre los trabajadores es que esta vez no van a conformarse con declaraciones. El BOE les respalda y el calendario corre. INGESA, por su parte, tendrá que decidir si sigue estirando los plazos o si asume que el margen político y jurídico se ha agotado.
Las Juntas lanzan un mensaje claro: “Ya no tienen más excusas.”
