El Gobierno ha aprobado un incremento salarial del 0,5% para todos los empleados de las Administraciones Públicas, tal como se estipula en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023. Este aumento, que busca alinear la evolución económica con los salarios de la Función Pública, se debe a la evolución del PIB nominal. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el dato avanzado de 2023 ha superado el 6% previsto en el cuadro macroeconómico de las cuentas públicas. Este incremento formaba parte del Acuerdo para una Administración del S. XXI, firmado por el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, y tendrá efectos retroactivos para todo el año 2023.
El incremento se lleva a cabo en cumplimiento de la ley de PGE de 2023, que establece esta posibilidad si el dato adelantado del PIB nominal de 2023 por el INE es igual o superior al 6%. En este caso, el dato ha alcanzado el 8,6%, superando ampliamente el requisito de la norma presupuestaria. Esto obliga a impulsar el aumento mediante un Acuerdo en el Consejo de Ministros, tal como se establece en las cuentas públicas del año pasado.
Con este Acuerdo, el Gobierno sigue avanzando en la recuperación de los derechos del personal de la Función Pública. De esta manera, se asegura que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo, como ocurrió en crisis anteriores, y se actualizan sus remuneraciones. El aumento beneficiará a más de 3 millones de personas que trabajan para las Administraciones Públicas y supondrá un incremento salarial agregado de 818 millones de euros.
Este Acuerdo demuestra la voluntad del Gobierno de garantizar el poder adquisitivo del personal al servicio público. En los últimos cinco años, se han producido aumentos salariales para los empleados públicos, incluso en un contexto de crisis e inflación extremadamente alta. En 2020, año de la pandemia del coronavirus, el aumento fue del 2%, mientras que en 2022 se alcanzó un aumento del 3,5%, tras el acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos. Durante 2023, se aplicó un aumento del 2,5%, al que se sumó otro 0,5% para compensar los efectos de la inflación, tal como se recoge en la misma Ley de Presupuestos que motiva este nuevo incremento vinculado al PIB nominal.
La implementación de esta medida también refleja el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el diálogo social, habiendo alcanzado numerosos acuerdos con los sindicatos para reconocer al máximo a los funcionarios, personal laboral y demás personas que trabajan a nivel estatal, autonómico o local. Este entendimiento culminó con el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que impulsa medidas para modernizar el servicio público junto con las actualizaciones salariales.
La senda de mejoras salariales culminará en 2024, cuando el Gobierno cumplirá con lo estipulado en ese acuerdo en el ámbito salarial. Se producirá una actualización de las retribuciones del 2% de manera fija y se establecerá un 0,5% opcional vinculado al IPCA. Para entonces, el aumento total en el periodo 2022-2024 habrá superado el 8%, pudiendo alcanzar el 9,5% en función de las variables contempladas en las cláusulas de revisión. En términos reales, la revalorización puede ser de hasta un 9,8%, ya que los aumentos salariales son consolidables en las retribuciones.
