El presidente de CSIF cifra en 700 los empleados que necesitan las administraciones públicas en Ceuta

Miguel Borra visita la ciudad para participar en un encuentro con los delegados de CSIF. El sindicalista ha mantenido reuniones con el presidente de la Ciudad, el delegado del Gobierno y la directiva de la Cámara de Comercio. 

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El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha estimado en torno a 700 el número de empleados públicos que sería necesario sumar a las actuales plantillas de las administraciones en Ceuta. Borra se encuentra en la ciudad para participar en una reunión con los delegados del sindicato.

En un encuentro con los periodistas, el sindicalista ha cifrado en el entorno de 400 los empleados públicos que la Administración General del Estado en Ceuta precisaría incorporar solo en plazas dotadas sin cubrir. A estos Borra suma a los casi 300 que, según los datos del sindicato, habrían de venir a reforzar las plantillas de la Ciudad.

Borra ha subrayado la necesidad de que los servicios públicos en Ceuta cuenten con personal suficiente para garantizar su calidad. El presidente de CSIF ha vaticinado que el Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico de Ceuta impulsado por el Gobierno central no será suficiente para paliar las carencias de las administraciones públicas en la ciudad. «La falta de recursos humanos hace más necesaria la presencia del Estado, pues si lo que se busca es asentar a la población en un enclave tan importante como Ceuta precisamos una buena sanidad, una buena educación, seguridad…», ha argumentado Borra, quien ha defendido que la ciudad no puede convertirse para los empleados públicos en una mera «situación administrativa de paso». «Lo que se pretende es que el funcionario que venga lo haga para quedarse», ha sostenido.

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Miguel Borra, con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en el Palacio de la Asamblea (CEDIDA)

Miguel Borra ha mantenido desde la tarde de ayer martes una intensa agenda que le ha reunido con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, el delegado del Gobierno, Rafael García, y la directiva de la Cámara de Comercio.

Durante su encuentro con el presidente Vivas, Borra ha reivindicado la apertura de la negociación de la nueva relación de puestos de trabajo de la Ciudad y ha reclamado mayor disposición del Gobierno local para cerrar el Acuerdo Regulador, pendiente de acordar desde 2007.

Una representación de CSIF encabezada por Borra se ha reunido con el delegado del Gobierno (CEDIDA)
Una representación de CSIF encabezada por Borra se ha reunido con el delegado del Gobierno (CEDIDA)

El presidente de CSIF también ha propuesto al delegado del Gobierno la extensión al transporte ferroviario de la bonificación sobre el precio de los billetes de la que disfrutan los residentes ceutíes en los servicios de pasajeros marítimo y aéreo. El sindicalista también ha recordado  García el pacto alcanzado con Función Pública para la clasificación de los centros penitenciarios. CSIF tiene judicializada la  clasificación actual del centro de «Fuerte Mendizábal» en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El sindicato denuncia que la falta de personal hace imposible la apertura de más módulos en el centro.

El presidente de CSIF posa con directivos de la Cámara de Comercio (CEDIDA)
El presidente de CSIF posa con directivos de la Cámara de Comercio (CEDIDA)

Borra insistía en su reunión de ayer con los responsables de la Cámara de Comercio en la necesidad de aplicar el plus de residencia a los trabajadores de las empresas privadas.  

Un momento del encuentro de Borra con los delegados de CSIF (CEDIDA)
Un momento del encuentro de Borra con los delegados de CSIF (CEDIDA)

La visita de Borra se ha cerrado con el encuentro con los delegados ceutíes del sindicato, en el que ha estado acompañado por los miembros de la Gestora de la Unión Autonómica, Gema Jiménez, José María Tapia y el presidente autonómico, Juan Iglesias.

Durante la reunión, Borra ha mostrando su preocupación en una nueva pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que ha atribuido al reciente acuerdo suscrito entre el Gobierno central y los sindicatos UGT y CC.OO.

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