Los sindicatos anuncian movilizaciones y advierten de una posible huelga de empleados públicos en diciembre

UGT, CCOO y CSIF exigirán mejoras salariales y laborales en una concentración el 30 de octubre frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta

CSIF / E. ARTEAGA
photo_camera CSIF / E. ARTEAGA

Las principales organizaciones sindicales con representación en la Administración Pública han anunciado el inicio de un calendario de movilizaciones ante lo que califican de “ninguneo” por parte del Ministerio de Función Pública. Si no se retoman las negociaciones sobre mejoras salariales y laborales, los sindicatos no descartan la convocatoria de una huelga en el mes de diciembre.

El primer paso de este calendario reivindicativo será una concentración el próximo 30 de octubre, que tendrá lugar simultáneamente frente a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en todo el país y ante el propio Ministerio de Función Pública en Madrid. En Ceuta, la protesta se desarrollará frente a la Delegación del Gobierno.

Así, UGT, CCOO y CSIF, que representan a más del 80% de los empleados públicos, recuerdan que ya en septiembre advirtieron sobre la necesidad de abrir de inmediato un proceso de negociación. Denuncian que, en pleno mes de octubre, el Gobierno “se niega a actualizar los salarios de los trabajadores públicos, como sí ha hecho con otros sectores”, lo que, según sostienen, “ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo superior al 3% en lo que va de año”.

Entre sus principales reclamaciones se encuentra la subida salarial y la mejora de las condiciones laborales, así como la negociación de un nuevo acuerdo plurianual que permita garantizar la recuperación económica del colectivo y reforzar la calidad de los servicios públicos.

Los sindicatos también critican la aprobación de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025 “sin consenso”, al considerar que “reduce la creación de empleo neto, limita la promoción interna y mantiene la tasa de reposición”. A ello suman su preocupación por el elevado índice de temporalidad, que ronda el 30% en las administraciones, y por las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que insta a España a reforzar las indemnizaciones y sancionar los abusos en la contratación pública.

“Es hora de que el Gobierno actúe con coherencia: no puede reclamar mejoras a la patronal privada mientras incumple su papel como empleador público”, denuncian las organizaciones sindicales, que advierten de que las movilizaciones se intensificarán si el Ministerio no muestra voluntad de diálogo en las próximas semanas.