El Ministerio de Función Pública ha mostrado su disposición a negociar una subida salarial para los empleados públicos tras las movilizaciones convocadas por CSIF, UGT y CCOO. No obstante, el departamento aún no ha detallado las cifras concretas de incremento, lo que mantiene en suspenso la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años.
La propuesta inicial de Función Pública contempla un acuerdo salarial plurianual para el periodo 2026-2028, en el que se incluiría de forma diferenciada la subida correspondiente a 2025. El planteamiento prevé una parte económica fija y otra variable, aunque por el momento no se han precisado los porcentajes ni los criterios que definirán esa parte variable.
Además, el Ministerio ha anunciado que junto al componente retributivo se abordarán aspectos relacionados con el empleo público y la mejora de las condiciones laborales, cuestiones que centrarán la próxima reunión de la mesa de negociación prevista para el martes, 11 de noviembre. Será, sin embargo, el 19 de noviembre cuando el Gobierno presente su oferta económica formal a las organizaciones sindicales.
CSIF reclama una subida inmediata y con efectos retroactivos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha valorado positivamente la voluntad de diálogo del Ministerio, aunque ha advertido de que mantendrá el calendario de movilizaciones hasta que las propuestas se concreten en medidas reales.
Desde la organización se insiste en que la subida correspondiente a 2025 debe aprobarse “de manera inmediata y con efectos retroactivos desde enero de este año”, argumentando que la negociación “ya acumula un importante retraso” y que “por respeto al colectivo de empleados públicos, debe cerrarse en los próximos días”.
En este sentido, CSIF sostiene que el Gobierno puede aprobar por decreto una revalorización de las retribuciones, tal y como sucede con las pensiones o el salario mínimo interprofesional. Dicha actualización debería contemplar la desviación del IPC más un porcentaje adicional que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
Mejoras laborales y refuerzo de plantillas
Más allá del aspecto retributivo, el sindicato considera imprescindible que el acuerdo recoja avances en las condiciones laborales. Entre las medidas reclamadas figuran la implantación de la jornada de 35 horas semanales, la mejora del teletrabajo, la movilidad funcional y geográfica, la evaluación del desempeño, la carrera profesional y la promoción interna.
También se demanda la adecuación de los grupos profesionales, la homologación retributiva del personal laboral en el exterior y la actualización de las indemnizaciones por residencia o por razón del servicio, así como nuevas medidas en materia de jubilación anticipada y parcial.
En materia de empleo público, CSIF reclama la eliminación de la tasa de reposición y la agilización de los procesos selectivos, junto a la puesta en marcha de un plan de choque que permita redimensionar las plantillas. El objetivo, subrayan, es garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en todos los ámbitos de la Administración.
Mutualismo administrativo y financiación
La organización sindical exige que el Gobierno adopte medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del mutualismo administrativo, un sistema que -según denuncian- “se ha visto deteriorado en los últimos años por la falta de financiación y de medios suficientes”.
Desde CSIF se insiste en que el refuerzo del sistema sanitario de las mutualidades debe considerarse una prioridad, ya que afecta directamente a la calidad de la atención que reciben cientos de miles de empleados públicos y sus familias
