Un hombre de 36 años fallecía el pasado mayo por las heridas sufridas tras precipitarse desde el segundo piso de un inmueble ubicado en la calle Velarde. La víctima era un marroquí a quien sorprendió la muerte mientras trabajaba en las obras de rehabilitación de una vivienda.
El fallecimiento del joven vino a engrosar las estadísticas de siniestralidad y a ratificar la certeza que manejan los sindicatos de que la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy ha alentado la precariedad y, con ella, la exposición de los trabajadores al riesgo de sufrir un accidente.
Según datos del Ministerio de Empleo, durante el año 2015 el número de accidentes de trabajo con baja creció un 11,9% con respecto al año anterior hasta alcanzar los 668, 9 de ellos graves y uno mortal. En 2015, el índice de incidencia de siniestralidad –magnitud que representa el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores- subió un 4,3%
La evolución de la siniestralidad no es distinta a la que se registra para el resto del país. El propio Ministerio reconoce que durante el pasado año los accidentes crecieron en todos los sectores de actividad económica.
“Conseguimos hacer avances con la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero esos logros se han perdido en los últimos cuatro años”, lamenta Ángel Jiménez, experto en prevención de riesgos laborales de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA-UGT).
La falta de una plantilla de inspectores suficiente para atender un mercado laboral que, además de la precariedad derivada de la nueva legislación, encuentra en Ceuta toda una serie de especificidades que no ayudan, precisamente, a combatir la lacra de la siniestralidad.
El elevado número de trabajadores transfronterizos, la proliferación del modelo de microempresa o las servidumbres que imponen los criterios de licitación de obra pública son factores que alimentan una peligrosa tendencia hacia el desistimiento de la obligación de proteger a los trabajadores.
Jiménez hace hincapié en la situación de las empresas que sobreviven con un número reducido de trabajadores y en las que nadie asume la representación sindical de sus compañeros. La falta de garantías en el control del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos es una consecuencia de la precariedad en la que los trabajadores desempeñan su labor.
El sindicalista ofrece un dato que, referido a la salud del empleo en el sector de la construcción ceutí, resulta desalentador: empresas que hace unos años llegaban a emplear a medio centenar de trabajadores hoy ven reducidas sus plantillas a apenas una quincena. Además, hay que considerar la desaparición de numerosas empresas de la construcción. De la treintena que se contaban en 2012 ahora queda una docena.
“Tenemos unas condiciones de trabajo en muchos casos infames, los trabajadores aceptan muchas veces lo que quizás no deberían aceptar y todo ello redunda en una mayor siniestralidad”, sentencia Jiménez.
