La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles el mantenimiento de la elevada tasa de temporalidad en las administraciones públicas, que se sitúa en el 27,8 %, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Este porcentaje duplica el registrado en el sector privado y afecta, en especial, a los sectores de Sanidad y Educación, que han perdido casi 30.000 empleos con la llegada del verano.
Según CSIF, actualmente hay 980.000 trabajadores públicos en situación de temporalidad. La situación es aún más grave entre las mujeres, donde la tasa asciende al 31,6 %. El sindicato denuncia que esta precariedad estructural ha motivado incluso el recorte de fondos europeos por parte de la Comisión Europea, debido al incumplimiento del mandato legal que establece un límite del 8 % en la contratación temporal.
Destrucción de empleo en sectores clave
La situación se ha agravado especialmente durante el segundo trimestre del año, con la destrucción de 18.800 empleos en Sanidad y 10.500 en Educación. En palabras de CSIF, estos recortes coinciden con la temporada estival, un periodo en el que “se cierran camas hospitalarias, se suspenden consultas médicas y se multiplican los colapsos en zonas vacacionales”.
El sindicato considera “especialmente preocupante” que esta pérdida de empleo se produzca en un momento crítico para el funcionamiento de los servicios públicos, cuando más refuerzo requieren por el aumento de la demanda y la cobertura de las vacaciones del personal fijo.
Exigen eliminar la tasa de reposición
CSIF ha instado al Gobierno a eliminar de forma inmediata la tasa de reposición, que impide a las administraciones cubrir las bajas o jubilaciones con nuevas contrataciones fijas, obligándolas a recurrir a personal eventual para mantener el servicio.
“El mantenimiento de esta tasa en la próxima oferta de empleo público perpetúa el abuso de temporalidad y el deterioro de los servicios públicos esenciales”, sostiene el sindicato.
Además, CSIF exige sanciones ejemplares para los gestores públicos que no cumplan con los límites legales de contratación temporal. A juicio del sindicato, estos responsables deben asumir consecuencias civiles cuando se acredite un uso irregular de la contratación eventual, como única vía efectiva para combatir esta precariedad estructural.
Un problema estructural con impacto social
Desde la organización sindical se insiste en que esta situación no solo afecta a la estabilidad laboral de miles de personas, sino también a la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos. “La precariedad en Sanidad y Educación impacta directamente en la salud, la atención y la formación de la población”, subrayan.
CSIF, como sindicato más representativo en las administraciones públicas, reitera la necesidad de acometer una reforma en profundidad que profesionalice la gestión de los recursos humanos públicos, garantice la estabilidad del empleo y evite el colapso de los servicios esenciales, especialmente en épocas como el verano, donde el refuerzo es clave.
