Los trabajadores de la empresa de autobuses Hadú Almadraba han acordado este martes en una asamblea celebrada concentrarse el miércoles a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su hartazgo ante la situación de impago, incertidumbre y amenazas que están viviendo.
La concentración se llevará a cabo antes de que la dirección de la empresa mantenga una reunión con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, prevista para el miércoles o el jueves.
El sábado, en una nueva asamblea, se decidirá si convocar o no paros en el servicio.
Los trabajadores desconvocaron provisionalmente el pasado 29 de noviembre la huelga cuyo inicio habían anunciado para el 2 de diciembre. Así, la suspensión de la movilización no sería firme hasta que se diera una solución definitiva al conflicto laboral.
Los trabajadores adoptaban esta decisión después de que la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos adjudicara de manera directa el servicio del transporte urbano de autobuses a Hadú-Almadraba al amparo de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. La firma de la resolución por el consejero Yamal Dris ponía fin al periodo de espera abierto después de que el pasado verano el compromiso del Gobierno de la Ciudad de renovar la concesión del servicio sirviera para que se desconvocara la huelga que en aquellos días los trabajadores habían programado.
Ante el retraso de la firma del contrato con la Ciudad, la dirección de la empresa había planteado a la plantilla recortes salariales que los representantes de los trabajadores se habían negado aceptar. La respuesta del comité de empresa fue la huelga indefinida que quedó desconvocada provisionalmente a finales del mes pasado.
Días después, llegaba la decisión de la dirección de no abonar la nómina correspondiente a diciembre. Un portavoz de Hadú-Almadraba explicó que la empresa no disponía de recursos para hacer frente a esos pagos mientras el Gobierno local no hiciera efectivo el abono, al menos parcial, de los 450.000 euros contemplados en el Presupuestos de la Ciudad para resarcir a la empresa de los perjuicios que la crisis ha ocasionado a su estabilidad financiera.
La FSC-CCOO responsabiliza de la situación al Gobierno de la Ciudad, al que acusa de no haber considerado la municipalización del servicio solicitada por los trabajadores. “No podemos comprender por qué continúan alargando con contratos y licencias algo que finalmente tendrán que absorber, provocando que decenas de familias sufran, además de miles de ciudadanos con un servicio en constante conflicto laboral”, asegura textualmente el sindicato en su comunicado.
