Los trabajadores de la Brigadas Verdes llevan varias semanas esperando la respuesta al escrito remitido a Tragsa, en el que requieren información sobre las condiciones laborales y sociales en las que quedaran los trabajadores, en caso de que la sociedad estatal TRAGSA se haga cargo de ellos y se aplicara el convenio de Jardinería como llegó a apuntar el Gobierno.
Fue la consejera de Fomento y Medio Ambiente quien explicó en una sesión de control al Gobierno, que la solución pasaba por una encomienda de gestión a Tragsa. A día de hoy los trabajadores de las Brigada Verdes no han recibido ninguna respuesta y el tiempo pasa.
La consejera explicó que los empleados deberán aceptar una modificación del convenio colectivo. Chandiramani dijo en el Pleno que esta era una solución.
La FPAV es la entidad que gestiona en la actualidad a través de un convenio de 3,5 millones de euros las Brigada Verdes. Ahora son los propios trabajadores los que quieren desligarse de esa gestión. Las irregularidades económicas obligan a un cambio en la gestión de este amplio número de trabajadores, en total 154. El Gobierno sigue buscando la salida al asunto.
