UGT Servicios Públicos se consolida como la primera fuerza sindical en el ámbito de las Administraciones Públicas, con una representatividad del 34,66% y cinco miembros en la Mesa General de Negociación. Este reconocimiento fue ratificado durante la última reunión de dicho órgano, celebrada en la sede del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
En el encuentro, el sindicato urgió al Gobierno a iniciar la negociación de la subida salarial para los empleados públicos de 2025. Por su parte, el Ministerio se comprometió a convocar una nueva reunión a lo largo del presente mes de enero.
El Gobierno reafirmó su apuesta por el diálogo social y el consenso, promoviendo una Administración abierta y participativa. En este contexto, UGT Servicios Públicos subrayó la importancia de alcanzar un nuevo acuerdo plurianual que garantice más y mejor empleo público. Entre las demandas, destacan la eliminación de la tasa de reposición, mejoras en los derechos laborales, el impulso a la carrera profesional y un incremento salarial para el conjunto de los empleados públicos.
Este nuevo acuerdo complementaría al pacto firmado en 2022 por UGT y CCOO, respondiendo a las expectativas de los trabajadores y a la mejora continua de los servicios públicos en España.
UGT destacó que el acuerdo debe incluir medidas retributivas que permitan recuperar y mejorar el poder adquisitivo de los empleados públicos. Entre ellas, se propone el desarrollo de pagas extraordinarias completas, la mejora de los trienios y la negociación del porcentaje de la masa salarial destinada a acción social y fondos para planes de pensiones de empleo.
En cuanto al empleo y los derechos laborales, el sindicato exige mayor agilidad en los procesos de acceso, promoción y movilidad interadministrativa. Además, considera prioritario reformar la normativa en materia de salud laboral, incluyendo sanciones para las Administraciones que incumplan sus obligaciones.
UGT Servicios Públicos aboga por la elaboración de planes formativos específicos que permitan a los empleados públicos adaptarse a los procesos de digitalización, garantizando que no se afecten los volúmenes de empleo ni los derechos laborales.
Asimismo, el sindicato urge al Gobierno a culminar la clasificación profesional contemplada en el Acuerdo para una Administración del siglo XXI y a implementar las reformas normativas necesarias para permitir la jubilación parcial de funcionarios y personal estatutario.
