CCOO exige responsabilidades

UGT prisiones denuncia el incumplimiento de contrato del Banco Santander con la Dirección General

El sindicato asegura que los funcionarios deben cobrar el último día hábil del mes y a 2 de noviembre aún no han percibido el importe de sus nóminas. Este retraso afecta a 200 personas. No es la primera vez que sucede. 

Prisión
photo_camera UGT prisiones denuncia el incumplimiento de contrato del Banco Santander con la Dirección General /C.A.

UGT prisiones denuncia el incumplimiento de contrato del Banco Santander con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Según el sindicato, el contrato que tiene el Santander con las nóminas de los funcionarios es que el último día hábil del mes los trabajadores deben tener ingresado en sus cuentas el importe correspondiente al mes trabajado. Sin embargo, en esta ocasión, estamos a 2 de noviembre y los funcionarios de prisiones siguen sin percibir el dinero.

Los representantes sindicales lamentan que no sea un caso aislado, ya que según relatan es la segunda vez que el Banco "comete este tipo de error". "Desde el día 26 de octubre el dinero está en el Santander, no entendemos el motivo por el que a día de hoy aún no hemos cobrado", apunta uno de los afectados.

El sindicato achaca este retraso a intereses bancarios. "Estamos hablando de cerca de 400.000 euros, ellos juegan con ese dinero y cuanto más tiempo lo tengan retenido más beneficios".

UGT exige rescindir el contrato con el Banco Santander por su mala gestión e incumplimiento de contrato. 

 

Daños patrimoniales

En idéntico sentido se ha pronunciado CCOO, que a través de una nota de prensa explica que la oficina bancaria achacó esta situación a una negligencia por parte de la habilitación del Centro Penitenciario, aunque se ha comprobado que la citada habilitación había enviado toda la documentación y que la misma había sido sellada y firmada por dicha oficina con fecha 19 de octubre.

Ante tales hechos, CCOO procederá a solicitar judicialmente que la citada oficina se haga cargo de los daños patrimoniales sufridos  por los empleados públicos debido al impago de dicha nomina.