Ceuta figura en la relación de territorios a los que el Defensor del Pueblo recomienda que elaboren un censo de edificios y lugares públicos en los que exista riesgo de contaminación derivado de la presencia de amianto. Esta recomendación aparece consignada en el informe anual de la gestión desarrollada por el Defensor en 2022.
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Cricular exige la retirada de esta sustancia tóxica e insta a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones contaminadas en el plazo de un año. Además, les obliga a verificar si los materiales desechados han sido retirados y enviados a un gestor autorizado.
El informe del Defensor insta a las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, La Rioja y la Región de Murcia y a la ciudad autónoma de Ceuta a que cumplan con las exigencias de la ley.
Las recomendaciones del Defensor coinciden en el tiempo con la petición formulada por CCOO a la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos para que diseñe un procedimiento orientado a gestionar el amianto desechado en la ciudad. El sindicato insta a las autoridades municipales a informar a la ciudadanía sobre cómo deshacerse de estos desechos y a elaborar, si alcanzasen sus competencias, un mapa de localización del riesgo de amianto en Ceuta.
La Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO advierte de las consecuencias que trae consigo mantener a los ciudadanos en el desconocimiento sobre la peligrosidad de estos residuos. «Si un ciudadano no encuentra facilidad para deshacerse de un objeto con amianto, asbesto, porque su gestión como residuo peligroso es farragoso y costoso, resolverá dejándolo en los puntos de recogida de residuos urbanos, en el mejor de los casos, y expondrá a los operarios del ahora TRACE y al resto de los ciudadanos», alerta el sindicato.
