La asociación DAUBMA (Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medioambiente) ha denunciado públicamente la intervención realizada por la Ciudad Autónoma de Ceuta en el entorno del Instituto Siete Colinas, donde —según explican— se está hormigonando la zona radicular de dos ejemplares de ficus centenarios tras retirar tierra y recortar parte de sus raíces.
Desde la entidad alertan de que esta actuación supone “un grave atentado contra la salud de los árboles”, al impedir la regeneración de raíces y condenar su supervivencia. El sellado con hormigón, sostienen, bloquea la absorción de agua y nutrientes, provocando estrés fisiológico severo, riesgo de caída y un declive progresivo que podría desembocar en la muerte de los ejemplares.
“Riesgo real para la seguridad escolar”
DAUBMA advierte de que la pérdida de raíces estructurales puede comprometer la estabilidad física de los ficus, lo que representa un peligro directo para los alumnos, docentes y personal del centro escolar. “La Ciudad Autónoma incurre en una grave negligencia al no evaluar ni prevenir este riesgo”, señalan, añadiendo que en caso de producirse un incidente emprenderán acciones legales por omisión del deber de protección y vulneración de la normativa ambiental y de seguridad.
Críticas a la gestión del arbolado urbano
La asociación lamenta que se esté ignorando la Ley de Conservación de Zonas Verdes y las Ordenanzas Municipales de Protección del Arbolado Urbano, denunciando el uso de fondos públicos “para ejecutar obras que atentan contra el patrimonio natural de la ciudad”.
“Es estresante, penoso y doloroso asistir a la destrucción sistemática de nuestras zonas verdes, sin transparencia, sin supervisión técnica especializada y sin voluntad de diálogo con la ciudadanía. Cada árbol que se pierde es una herida abierta en el paisaje de Ceuta, una pérdida irreparable en plena emergencia climática”, subrayan.
Exigencias de la asociación
Entre las medidas inmediatas, DAUBMA reclama:
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La paralización de cualquier obra que afecte a raíces de árboles consolidados.
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Revisión técnica de los proyectos urbanísticos que interfieren en zonas verdes.
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Inclusión de arboristas certificados en la planificación de obras públicas.
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Rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos en intervenciones medioambientales.
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Evaluación urgente del riesgo estructural de los árboles afectados en entornos escolares.
Finalmente, la asociación hace un llamamiento a partidos de la oposición, asociaciones medioambientales y ciudadanos comprometidos para que se sumen a la denuncia y reclamen un modelo de ciudad que respete la vida vegetal, el paisaje y el bienestar común.
