La reunión ha terminado hace unos minutos en Delegación./CEDIDAEl Plan Marítimo Nacional activado el pasado día 23, como consecuencia de una pérdida de fuel oil en uno de los tanques de la factoría de Cepsa, ha quedado reducido a nivel cero. Se han retirado las barreras instaladas en las dos entradas del foso y las que se ubicaron en el Puerto Deportivo.
Por su lado, se mantiene el Plan Territorial que ya estaba activado por otro vertido detectado hace unos días.
La fuga de fuel-oil 180 que afectó a parte del arenal de la playa Benítez, colindante con la factoría, ha quedado totalmente controlado. Los principales trabajos de limpieza se han llevado a cabo con los propios medios de Cepsa en su propia factoría.
Con el Plan Marítimo Nacional activado, Capitanía Marítima, perteneciente al Ministerio de Fomento, mantiene movilizado a la BEC (Base Estratégica para la Contaminación) con sede en Sevilla, cuyos técnicos han montado su base a bordo del buque de Sasemar Luz de Mar para mantener la vigilancia de las actuaciones que se llevan a cabo.
Los trabajos de recuperación continúan y en ellos siguen involucrados la compañía Cepsa, así como los diferentes departamentos de la Administración General del Estado y de la Ciudad Autónoma.
Tanto Cepsa, como los distintos departamentos involucrados pertenecientes a la Administración General del Estado y de la Ciudad Autónoma mantienen desplegados medios y efectivos para minimizar y contrarrestar los daños ocasionados.
El órgano de coordinación, formado por Delegación del Gobierno, Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria, Ciudad Autónoma y la compañía Cepsa volverá a reunirse el próximo lunes día 29.
Delegación ha acogido una reunión en la que participan los distintos agentes implicados en la comisión de seguimiento de las consecuencias del último vertido de fuel-oil de la planta de Atlas-Cepsa de Benítez. En ella participan las distintas instituciones y organismos implicados, tales como la propia Delegación del Gobierno, Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria de Ceuta, Consejería de Medio Ambiente, Salvamento Marítimo y la propia Atlas-Cepsa. Se podrían adoptar medidas para pedir responsabilidades, algunas de ellas incluso en el plano penal, en torno al vertido que se ha producido. Al menos es lo que apunta el portavoz de la Ciudad, Emilio Carreira. Por parte del responsable de la Consejería de Medio Ambiente, Gregorio García Castañeda, no ha habido ningun tipo de reacción pública. Lo cierto es que Cepsa ha contratado a la compañía EcoCeuta, propiedad de un familiar de García Castañeda, para que se haga cargo de los trabajos de limpieza del vertido.
Hay que poner de manifiesto además que cerca del lugar en el que se ha producido el vertido se encuentra la desaladora de agua que suministra a Ceuta, por lo que cabe inferir que se está controlando la cuestión para que no afecte al consumo humano.
Desde ninguna de las instancias consultadas se ha atrevido nadie a efectuar ningún tipo de valoración en torno a las consecuencias económicas, ya que buques que podrían estar en Ceuta repostando, no lo hacen desde que Cepsa cortó el suministro. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado, dice que en todo caso la valoración de pérdidas económicas corre por parte de Atlas-Cepsa, ya que el control de buques a los que se les suministra en Ceuta por parte de la compañía corre a cargo de Madrid. Por tanto, no se determina en principio cuál es la repercusión para todas las partes implicadas en el tráfico, suministro y avituallamiento portuario.
El portavoz del Gobierno local, Emilio Carreira, antes de la reunión en la que no participa, indica que hay un informe previo del servicio de Industria de la Consejería de Fomento que dice que es precipitado sacar conclusiones definitivas porque aún se continua analizando qué pasó, pero el informe sí califica de imprudente que la empresa tenga una cubeta en malas condiciones y más dada la cercanía al mar ya que podría ocasionar daños permanentes en el medio ambiente. Hay dos expedientes informativos abiertos a este respecto.
El Gobierno de la ciudad persigue tres objetivos: reparar el daño causado y que las zonas afectadas queden como nuevas con cargo económico para quien ha producido el daño, llevar a cabo informes para sanciones y otro tipo de responsabilidades más allá de las administrativas, ya que podríamos estar hablando de un delito ecológico.
El portavoz del Gobierno autonómico, Emilio Carreira, ha explicado que la consejería del ramo ha puesto en marcha un grupo de inspección para revisar el material de las empresas cercanas, así como las zonas susceptibles de sufrir vertidos. Una cosa es que un buque suelte residuos en el mar, algo difícil de controlar pero otra es que pase en tierra, más fácil de controlar y prevenir, apunta.
