La resolución por la que la Ciudad impone al Ministerio de Defensa 1,5 millones de euros de sanción por su responsabilidad en el incendio del Monte de la Tortuga registrado en 2015 censura la falta de cooperación en la investigación de algunas administraciones públicas. En concreto, el instructor señala al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y al órgano judicial de la jurisdicción penal implicado en las pesquisas, a los que se reclamó informes que nunca fueron proporcionados. Ante este obstáculo, los servicios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente se vieron obligados a considerar en su investigación tan sólo los informes elaborados por los servicios municipales y la empresa pública Obimasa.
El 5 de octubre de 2015 se declaró un devastador incendio en el Monte de la Tortuga cuyo origen se rastreó en el campo de tiro de El Renegado durante unos ejercicios militares.
El Ministerio de Defensa opuso resistencia en el trámite administrativo a las propuestas de resolución del expediente. En un primer momento, planteó la recusación del instructor, a quien atribuyó un interés personal en el procedimiento, objeción que fue desestimada. Posteriormente, argumentó la incompetencia de la Ciudad para imponer sanciones por incidentes acaecidos en montes de titularidad pública. Esta interpretación de la norma también fue rechazada.
La resolución constata que las llamas fueron originadas por el uso de balas trazadoras durante unos ejercicios militares en la zona. La reparación de los daños ocasionados está valorada en 1,2 millones de euros.
La Consejería de Medio Ambiente imputa a Defensa la comisión de infracciones administrativas muy graves. El Ministerio dispone ahora de un mes para presentar un recurso de reposición o, alternativamente, registrar en el plazo de dos meses una impugnación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
