La Asamblea de Ceuta ha aprobado por unanimidad este jueves una propuesta presentada por Ceuta Ya! para instar al Gobierno de la Nación a dotar de más recursos a la magistratura de lo Social en la ciudad. El objetivo es reducir los prolongados tiempos de espera que enfrentan los trabajadores en procesos judiciales laborales, especialmente aquellos que han sido despedidos y permanecen sin ingresos durante más de un año.
La iniciativa, defendida por el diputado Mohamed Mustafa, pone de relieve la crítica situación de los juzgados de lo Social en Ceuta. Según datos expuestos durante la sesión, en 2023 se registraron 968 asuntos en esta jurisdicción, de los cuales 542 fueron resueltos en el mismo año. Además, las sentencias suelen demorarse más de un mes desde la celebración del juicio, y los señalamientos iniciales tardan considerablemente en programarse.
"Un trabajador despedido tiene que esperar más de 13 meses para conocer la resolución de su caso. Es inaceptable. Hablamos de personas que dependen de su sueldo para vivir y que, en muchos casos, quedan en una situación de absoluta indefensión", ha denunciado Mustafa.
La portavoz de MDyC, Fátima Hamed, ha alertado sobre la saturación de los juzgados de lo Social, cuya carga de trabajo, según ha explicado, “se ha triplicado” debido, en gran parte, a los conflictos derivados de los planes de empleo y las situaciones de incapacidad. Ante esta situación, ha insistido en que “no podemos permitir que los derechos laborales de los ceutíes queden en un limbo por falta de recursos” y ha defendido la necesidad de crear una nueva plaza en esta jurisdicción para aliviar la demora en los procedimientos.
El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha reconocido la elevada litigiosidad y la sobrecarga de trabajo en la jurisdicción social, subrayando que “la justicia en Ceuta necesita reforzarse de manera urgente” y que esta demanda “se viene trasladando desde hace tiempo al Gobierno central”. En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo continuará insistiendo en la necesidad de más medios, tanto materiales como humanos, para garantizar un servicio judicial más ágil y eficaz.
Mustafa ha agradecido el apoyo unánime a la propuesta y ha insistido en la urgencia de abordar este problema. "La litigiosidad ha aumentado en toda España, pero en Ceuta la espera es insostenible. No podemos permitir que los trabajadores despedidos tarden más de un año en obtener una sentencia mientras siguen sin ingresos", ha manifestado. Además, ha solicitado que, una vez se traslade este acuerdo al Gobierno central, se informe a la Asamblea sobre la respuesta obtenida.
Una situación generalizada
Esta situación en Ceuta refleja una problemática a nivel nacional. Según un artículo de El País publicado en octubre de 2024, los juicios laborales en España enfrentan retrasos considerables, con tiempos de espera promedio de 11,1 meses en 2023. En casos de despido, la espera es de aproximadamente siete meses, mientras que en accidentes de trabajo puede extenderse hasta 18 meses. Estos retrasos se atribuyen al incremento de litigios relacionados con la Seguridad Social y otros derechos fundamentales, sumado a la escasez de personal y recursos en los tribunales.
Para mitigar la saturación del sistema judicial, en enero de 2025 se publicó la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que busca modernizar y agilizar los procedimientos judiciales. Esta ley promueve la digitalización del sistema y la creación de Tribunales de Instancia y Oficinas de Justicia en los municipios, además de integrar medios alternativos para la resolución de conflictos.
La aprobación unánime de esta propuesta en la Asamblea de Ceuta refleja la preocupación compartida por mejorar la eficiencia del sistema judicial laboral y proteger los derechos de los trabajadores en la ciudad.
