La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que se condena a España a indemnizar con 10.000 euros a dos inmigrantes subsaharianos, devueltos a Marruecos de manera sumaria cuando se encontraban ya en Melilla, ha desatado una catarata de reproches al Gobierno.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha instado al Gobierno español a reformar de manera inmediata el articulado de la Ley de Extranjería que da cobertura legal formal a la expulsión sumaria del país de los extranjeros que alcanzan territorio español en Ceuta y Melilla. “La sentencia supone una nueva prueba de la ilegalidad de esta práctica, habitual en la frontera sur de España”, argumenta CEAR en un comunicado.
En la misma línea se han expresado la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y Andalucía Acoge. La Red ha solicitado que Interior imparta instrucciones a las fuerzas de seguridad del Estado destacadas en las dos ciudades autónomas para que cesen de recurrir a la práctica de la devolución en caliente. A su vez, Andalucía Acoge subraya que la sentencia viene a consagrar que las devoluciones en caliente son “prácticas totalmente contrarias a los estándares mínimos internacionales de protección de los derechos humanos”.
PSOE, Podemos e Izquierda Unida también han celebrado la sentencia. Pese a ello, el portavoz de Asuntos Exteriores de los socialistas, Nacho Sánchez Amor, ha mostrado su convicción de que el Gobierno argüirá que la resolución hace referencia a una regulación anterior, por lo que duda de que finalmente las devoluciones acaben suspendiéndose. "El Gobierno era tan consciente de que estas devoluciones eran ilegales que intentaron darle cobertura legal incorporándola a la Ley Mordaza", ha asegurado el socialista.
Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha reclamado al comisario de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, que traslade de “inmediato” a las autoridades españolas la exigencia planteada por el Tribunal.
Finalmente, CCOO ha recordado que “en un Estado democrático no vale la vulneración de los derechos humanos”.
