La ONG Coordinadora de Barrios pedirá el retorno de los menores no acompañados repatriados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 después de que este lunes el Tribunal Supremo confirmara que la devolución de éstos fue ilegal porque las autoridades españolas incumplieron los procedimientos previstos en la Ley de Extranjería y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las "expulsiones colectivas de extranjeros".
La abogada de la acusación popular, Patricia Fernández Vicens, ha asegurado que la ONG solicitará al juzgado ceutí que condenó a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la ciudad autónoma que ejecute la sentencia "en sus estrictos términos".
La letrada ha explicado que presentarán un incidente de ejecución en el que pedirán que se permita regresar a España a los ocho menores que llevaron su caso hasta el Supremo. Según ha precisado, reclamarán que se les tramite un visado para su retorno a territorio español.
Fernández Vicens ha insistido en que la sentencia que ha dictado este lunes el Supremo "es muy clara" al señalar que el modo de proceder del Gobierno fue contrario a los derechos de los niños y a la legalidad vigente.
Para la abogada de la Coordinadora de Barrios, es "especialmente importante que el tribunal haya considerado que las devoluciones de agosto de 2021 tienen la consideración de devoluciones colectivas de las prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que éstas fueron de extraordinaria gravedad porque afectaron al derecho a la integridad física y moral de los niños".
En este sentido, ha recalcado que la resolución del alto tribunal "obliga al Estado a cumplir en lo sucesivo con todas las garantías reconocidas en la legislación en los casos de repatriaciones de menores, sin posibilidad de excepcionar su aplicación".
