El Consejo de Gobierno ha acordado hoy reclamar al Gobierno central una modificación del Código Civil y de la Ley de Protección del Menor que permita, respectivamente, dificultar el acceso a la nacionalidad española de los niños nacidos en la ciudad de padres extranjeros y favorecer la repatriación de los menores que acceden a territorio español de manera irregular.
La iniciativa, adoptada de manera conjunta por los gobiernos de Ceuta y Melilla, deberá ser aprobada por el pleno de la Asamblea previamente a su remisión al Gobierno central.
La pretensión del Gobierno local es la de que se modifiquen los artículos 17.1.b y 22.2 del Código Civil. El primero de ellos considera actualmente españoles a los nacidos en el país de progenitores extranjeros si al menos uno de ellos hubiese nacido, a su vez, en territorio nacional. Ese principio general excluye a los hijos del personal diplomático y consular acreditado en España. Ahora el PP quiere añadir otra excepción: la de los nacidos en cualquiera de las dos ciudades autónomas.
Además, la iniciativa también busca limitar las posibilidades que hoy se ofrecen a los nacidos en España de padres extranjeros para acceder a la nacionalidad por residencia. Actualmente, el periodo de estancia en el país exigido es de un año. El PP quiere elevarlo a diez en el caso de Ceuta y Melilla.
Repatriación de menores extranjeros
Paralelamente, el Consejo de Gobierno ha dado vía libre al trámite que habrá de concluir con una petición formal para la reforma de la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. La intención de la iniciativa no es otra que introducir en el texto legal un aval para hacer posible la devolución a Marruecos de los menores que emigran solos a Ceuta. La propuesta plantea que los niños y adolescentes sean atendidos en la ciudad durante un plazo de tres meses, periodo en el que habrá de formalizarse la devolución.
Si el menor no retorna a su país de origen en ese plazo, el Gobierno español deberá formalizar su ingreso en un centro de acogida de la Península.
La consejera de Presidencia, Mabel Deu, ha defendido hoy esta propuesta con un argumento que su Gobierno ha convertido en un tópico sobre el que insiste desde hace meses: “Donde deben estar estos menores es con sus familias”.
