Los nueve subsaharianos acusados de liderar el salto a la valla de 602 migrantes el 26 de julio de 2018 se sientan mañana martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide para cada uno de ellos seis años por la comisión de un delito desórdenes públicos –o subsidiariamente cinco por atentado- y dos por otro de daños.
La acusación considera que la entrada en Ceuta de los migrantes fue el resultado de una “actuación previamente planeada” en la que se emplearon herramientas como hierros, piedras, cal viva y heces.
El Ministerio Público va más allá y advierte la existencia de una jerarquía que dividía a los migrantes en tres subgrupos cuya actuación estaba coordinada por los acusados. La Fiscalía considera que, una vez que el grupo logró su propósito de entrar en la ciudad, los procesados dieron instrucciones para atentar contra la Guardia Civil usando para ello “lanzallamas caseros, palos, piedras, heces y productos abrasivos”.
La acusación pública reclama que se condene a los acusados a resarcir a la Guardia Civil y al Estado por los daños causados en los vehículos y material del Instituto Armado.
