Inmigración

A LA DESESPERADA

El niño de la maleta no pudo reunirse con sus padres por 41 euros

Esa es la cantidad que le faltaba al padre de Abou para cumplir con el requisito económico establecido por el Gobierno para poder reagrupar a las familias. El progenitor trabaja y reside en Canarias con su mujer y una hija pero su sueldo no llega a los 1.331 euros que marca la ley. Ante la imposibilidad de traerse de forma legal a su hijo de 8 años, actuó a la desesperada.

Abou tiene 8 años y desde el jueves pasado vive en el centro de menores del Mediterráneo a la espera de que un juez decida sobre su futuro y el de su padre, que trató de introducirle en el país dentro de una maleta que portaba una joven marroquí en la frontera de Tarajal. “Un intento a la desesperada de un padre por unir a su familia”, explica el abogado del padre, Clemente Cerdeira.

El progenitor del pequeño reside en Canarias junto a su mujer y su hija desde 2006, donde también trabaja. Al parecer la familia ya solicitó la reagrupación familiar para poder traer a Abou pero “le fue denegada por 41 euros. La ley estipula un salario de 1.331 euros para ser aceptada”. En los requisitos estipulados por la Secretaría General de Inmigración para la reagrupación se especifica que el solicitante debe tener medios económicos suficientes para atender las necesidades de la familia y para unidades familiares que incluyan dos miembros se exige una cantidad mensual del 150 por ciento del IPREM, que asciende a 799 euros. Por cada miembro adicional se deberá sumar, el 50 por ciento del IPREM, es decir se sumarían 266 euros. El sueldo del padre de Abou no llega a esa cantidad y fue entonces cuando decidió meter a su hijo en una maleta.

 

Profesor de francés en Costa de Marfil

Lejos quedan esos días en los que la familia vivía en Costa de Marfil y el padre de Abou se ganaba la vida como profesor de francés. Ahora, de nuevo separados, padre e hijo se encuentran en Ceuta, el primero en prisión provisional y el segundo en el centro de menores. Según ha podido saber Ceuta Actualidad padre e hijo no han tenido ocasión de abrazarse, “se han visto en los pasillos del juzgado”, explica Cerdeira, quien va a presentar un escrito para solicitar la libertad provisional de su cliente ya que está demostrado el arraigo del padre en España, “tiene trabajo fijo, vive en Canarias con su mujer y su hija y dadas sus circunstancias sociales no es previsible que huya de la justicia. Esto sería un gran contrasentido. Sería absurdo que después de lo que le costó entrar en Canarias en el año 2006 y de conseguir la reagrupación de parte de la familia, ahora se marche fuera perdiendo la residencia de él y toda su familia”.

Pedimos la libertad provisional del padre porque el arraigo en España está demostrado, tiene trabajo y sería absurdo que huyera del país porque él y su familia perderían el permiso de residencia 

Por otro lado, según ha explicado Cerdeira se está trabajando en otra línea, concretamente en la reforma artículo 318 bis de la Ley Orgánica 1/2015 de Código Penal que modifica sustancialmente la imposición de las penas que van a pasar de 4 a 8 años a una sanción de tres meses a un año con supuesto de multa por conducta impune cuando el tráfico es por motivos humanitarios y que entra en vigor el 1 de julio”. De hecho, la oenegé Red Española de Inmigración se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado para solicitarle que reconsidere su decisión ya que considera que el ingreso en la cárcel del padre constituye una medida de una extrema dureza para quien habría actuado impulsado por un estado de necesidad. “Hemos solicitado al Fiscal General del Estado mayor equidad, nos parece excesivo aplicar de forma tan estricta la ley”, explica a este medio el letrado de la Red, Estanislao Naranjo. Junto con esta medida, se ha anunciado que se pedirá la intervención en el caso de la Defensora del Pueblo, a la que se le ha solicitado que el menor no sea trasladado a un centro de menores, sino que pueda mantenerse en su núcleo familiar durante el proceso apelando así al interés superior del menor que podría verse recluido en un centro de menores a raíz de la reclusión de su padre, extremo que dañaría gravemente al núcleo familiar y que contraviene el derecho superior e interés del menor, consagrado por la Declaración Universal de los Derechos del Niño.

El padre del pequeño se encuentra animado y agradecido por tantas muestras de apoyo. “Cuando le he comentado que se podría realizar una prueba de ADN para verificar que Abou es su hijo se ha reído”. La Fiscalía ha solicitado esta prueba para confirmar su paternidad y descartar que pueda concurrir un caso de trata de personas.

Por otro lado, la Red Española de Inmigración ha puesto en marcha una campaña de recogida on line en la plataforma change.org con un único objetivo: mover conciencias.

Este medio de comunicación ha recibido la llamada de una televisión japonesa para interesarse por la noticia, al igual que un medio alemán. Según Cerdeira, a la familia también le han llegado apoyos desde Sudamérica.

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