Hay sucesos que conmocionan. La detención del médico y político Javier Guerrero es uno de ellos. El arresto de un hombre del prestigio profesional y personal de Guerrero ha aturdido a los ceutíes que lo conocen, que no son pocos. El motivo por el que ha sido conducido ante el juez ha redoblado la estupefacción inicial: el que fuera consejero de Sanidad de la Ciudad ha de defenderse de una acusación formal de abuso de menores. No resulta fácil de digerir.
La Guardia Civil ha culminado una investigación en la que han debido de acumularse los indicios suficientes como para colocar a Guerrero ante el escrutinio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la ciudad. Huelga decir que los derechos del investigado han sido preservados, las pesquisas han avanzado observando todas las garantías legales y serán, finalmente, los tribunales los que resuelvan si el político ceutí delinquió o no.
Intacto el derecho a la presunción de inocencia de Guerrero, las opiniones personales sobre su conducta presente o pasada resultan irrelevantes. No hay debate.
Una vez sobrepuestos a la sorpresa de saber investigado por la ley a quien durante años se ganó la fama de hombre decente, amable y generoso, deberíamos ser razonables y dejar las cosas donde están, que es en las dependencias del Palacio de Justicia. Hay, sin embargo, quien no puede resistirse. En unos tiempos en los que muchos se sienten inclinados a explicar el mundo que les rodea como una sucesión de conspiraciones animadas por poderes malévolos y clandestinos, invocar el sentido común parece ser un empeño fútil.
La especie, auspiciada por Ceuta Avanza, el partido de Guerrero, de que existe una confabulación orquestada por los enemigos políticos del exconsejero para conducirlo a presidio no hace más que retratar los muy demediados alcances de quien la difunde. Una conspiración de esta naturaleza requeriría el concurso de un sinfín de complicidades para hacerla medianamente viable. No basta que exista, tal y como han señalado los conspiranoicos, un partido –en este caso el PSOE- que envilecido por el afán de poder urda prueba falsas contra la víctima de la celada. Una empresa de este carácter requeriría la participación de un número suficiente de funcionarios públicos dispuestos a sostener como cierto una mentira abominable. Y exigiría, para garantizar el éxito del proyecto, una casta policial corrupta, una fiscalía venal y un juez inclinado a quebrantar la ley. Solo añadir la adhesión al contubernio de un alienígena reptiliano adicto a una secta liderada en las sombras por Isabel Pantoja podría hacer más ridículo el argumento.
Es mucho más fácil, y razonable, dejar que los tribunales hablen.
