Inmigración

VALLA FRONTERIZA

Un grupo de expertos advierte de que la práctica de la devolución en caliente puede llevar a los guardias civiles a los tribunales

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photo_camera Intento de salto a la valla fronteriza en su tramo de Benzú/ A. SEMPERE/ARCHIVO

Una quincena de catedráticos y expertos juristas firman un informe en el que califican de “práctica antijurídica” la expulsión en caliente de inmigrantes a través de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Los autores del documento alertan de que los agentes de la Guardia Civil no podrán alegar “obediencia debida” si un juez les imputa. 

La regulación legal de las expulsiones de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, en vigor tras la reciente reforma de la Ley de Extranjería, no ofrece amparo legal a las devoluciones en caliente, intenta dar soporte a una “práctica antijurídica” y sitúa a los agentes de la Guardia Civil ante el riesgo de tener que enfrentarse a responsabilidades penales.

Éstas son algunas de las aseveraciones contenidas en el informe “Rechazos en frontera, ¿fronteras sin derechos?”, un documento elaborado por 15 catedráticos y expertos de Derecho Penal del que daban hoy cuenta la Cadena Ser y el diario “El Mundo”. Entre los firmantes del informe figuran la profesora emérita de la Uned y experta en Derecho Internacional, Elisa Pérez Vera, la catedrática de Derecho Penal de la Complutense de Madrid, Margarita Martínez Escamilla, y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, Pablo Pérez Tremps.

La crítica de los expertos se dirige al tenor de la disposición final primera de la recientemente aprobada Ley de Seguridad Ciudadana que modifica la Ley de Extranjería. La citada disposición establece: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

Los redactores del informe se pronuncian con indisimulada contundencia contra un protocolo de actuación que no exige la identificación del inmigrante. “Tratar a seres humanos como auténticos fardos, negando por principio la posibilidad de que puedan hacer la más mínima alegación a las autoridades españolas, una vez son objeto de la intervención policial y más allá de la concreta ubicación en que ésta se produzca, constituye no sólo una práctica inmoral sino también antijurídica”, se argumenta en el documento según la transcripción ofrecida por los servicios informativos de la Ser.

Los guardias, en riesgo

En opinión de los especialistas, la observancia de las directrices impartidas por el Gobierno central a las fuerzas de seguridad para su actuación en las vallas de Ceuta y Melilla puede enfrentar a los agentes a la necesidad de asumir responsabilidades penales.  Para ilustrar esta advertencia, los autores del informe aluden a la imputación por prevaricación del teniente coronel de la Guardia Civil de Melilla por ordenar la devolución de inmigrantes al otro lado de la valla.

Según la argumentación de este grupo de juristas, los guardias civiles no quedarían excusados por el hecho de atender a las órdenes de sus superiores. “Los agentes de la Guardia Civil que sigan realizando esas expulsiones sumarias seguirán sometiéndose al riesgo de enfrentarse a posibles responsabilidades penales”, alertan los autores del informe, quienes subrayan que, en este caso, no sería posible alegar “obediencia debida”.

A modo de precisión, el informe detalla que la nueva normativa no sería de aplicación a los inmigrantes que tratasen de alcanzar a nado  o a bordo de una embarcación las costas de Ceuta y Melilla por cuanto que en estos casos no se intenta superar los “elementos de contención fronterizos” a los que alude la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana.

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