Inmigración

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

El Congreso aprueba la "devolución en caliente", que el ministro del Interior presenta como un arma contra el terrorismo

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photo_camera El ministro Fernández Díaz departe con un interno del CETI durante su última visita a Ceuta/ A.S.

El Congreso de los Diputados ha refrendado hoy el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana a cuyo amparo se ha instado la legalización de las denominadas "devoluciones en caliente" en las fronteras de Ceuta y Melilla. Amnistía Internacional cree que la norma socava los derechos de los inmigrantes. 

La cobertura legal a las “devoluciones en caliente” ha recibido hoy el refrendo del Congreso de los Diputados con el único apoyo de la mayoría absoluta del Partido Popular. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido que la nueva regulación legal “ayudará a combatir la amenaza terrorista”.

Cobijada en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana como enmienda a la Ley de Extranjería, la regulación de las “devoluciones en caliente” –o “rechazo en frontera” según la terminología legal- era modificada en su trámite en el Senado para hacerlas compatibles sobre el papel con la observancia de los derechos humanos.

La práctica de la “devolución en caliente”, ideada para las fronteras de Ceuta y Melilla, queda avalada por una redacción que establece: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

Críticas de Amnistía Internacional

La aprobación de la práctica de la “devolución en caliente” ha recibido la severa crítica de Amnistía Internacional, “Esta reforma socavará los derechos de las personas migrantes y refugiadas que buscan cobijo en Ceuta y Melilla”, ha asegurado la directora adjunta del programa para Europa de Amnistía Internacional, Gauri van Gulik.

Amnistía Internacional sostiene que la expulsión automática de los inmigrantes sin ser sometidos a un procedimiento formal les niega el acceso a los mecanismos de petición de asilo. “En lugar de poner fin a esta práctica ilegal, el gobierno elabora sus propias normas y pisotea tanto los derechos de estas personas como las obligaciones internacionales contraídas por la propia España”, advierte Van Gulik.

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