“Respeto a las resoluciones judiciales”. Son las primeras palabras que articulan Delegación del Gobierno y Ejecutivo local respecto a la sentencia emitida por Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad que ha estimado los recursos interpuestos por dos oenegés contra las devoluciones de los 55 menores marroquíes efectuados el pasado agosto.
En la misma, el magistrado condena a la institución de la plaza de los Reyes a cesar dicha actuación y a adoptar las medidas necesarias para que retorne a los niños, al apreciar que existió una “ausencia total del procedimiento”, así como la vulneración al “derecho fundamental a la integridad física y moral” de los niños.
Precisamente, desde la institución que dirige Salvadora Mateos se muestran cautos cuando desde este medio se le pregunta al respecto. Alegan que la resolución “está muy reciente” y que “es necesario tiempo para estudiar las posibles acciones”. Sobre la posibilidad que se abre ahora a presentar recurso ante el TSJA en un plazo de quince días, optan por la postura de la abstención en la respuesta, de momento.
No lo hacen desde el Ejecutivo local que, pese a estar eximido de responsabilidad en cuanto la orden de repatriación se refiere, sí fue la administración que pidió la aplicación del acuerdo suscrito entre Madrid y Rabat en el año 2007 y en el que ampararon legalmente las repatriaciones de los menores. Ha sido este viernes el portavoz del Ejecutivo quien deslizaba la posibilidad de recurrir dicha sentencia. “Cabe recurso, la resolución no es firme”, ha repetido hasta en dos ocasiones Alberto Gaitán.
El Gobierno de Vivas cierra filas con Delegación respecto al asunto. Manifiestan que están trabajando coordinadamente, “porque las consecuencias de la sentencia repercuten en el ámbito de la ciudad, y hay que considerarlas”, ha señalado Gaitán.
Asimismo, el portavoz del Ejecutivo ha vuelto a defender el Acuerdo Marco, pese a que el magistrado ha considerado que no se ajustó a la Ley de Extranjería. “La Administración del Estado debía, entre otros trámites, solicitar informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación”, recoge la sentencia.
Sin embargo, Gaitán ha justificado que se hizo “un retorno asistido” en base al citado acuerdo, y a su entender “tiene que ser considerado jurídicamente”.
